Este miércoles comenzó el juicio oral el Centro Judicial de Santa Rosa, donde un oficial de la Policía de La Pampa está imputado de haber ordenado a detenidos bajo su custodia trabajar en su propia fiesta de casamiento.
El acusado estaba como encargado de la subcomisaría de Lonquimay. Los detenidos “fueron a limpiar el salón, acomodaron todo, sirvieron en la fiesta y luego limpiaron” detalló el fiscal Guillermo Sancho. El traslado se habría realizado a pie, dado que el salón queda a la vuelta de la subcomisaría. El protagonista de esta particular causa es el Oficial Inspector Cristian Martín Galván, quien al momento de los hechos era el encargado de la comisaría de Lonquimay.
“Es un hecho extraño, raro”, calificó la situación el fiscal general Guillermo Sancho en diálogo con el medio El Diario. Sancho detalló que el 31 de mayo de 2024, día en que Galván contrajo matrimonio, el jefe policial “sacó a varios de los detenidos en esa dependencia para que trabajaran en el salón donde se hizo la fiesta”.
Según la acusación, los internos, que cumplían distintas penas y algunos se encontraban con prisión preventiva, fueron trasladados al salón de eventos. Allí, “fueron a limpiar el salón, acomodaron todo, sirvieron en la fiesta y luego limpiaron”, relató el fiscal general. El traslado se habría realizado a pie, dado que el salón “queda a la vuelta de la subcomisaría”, lo que añade un detalle aún más insólito al caso.
Este miércoles se llevó a cabo la primera audiencia del juicio, con el alegato de apertura y la declaración de los testigos propuestos por la Fiscalía, quienes habrían corroborado lo sucedido.
La causa es presidida por el juez Aníbal Olié, mientras que la defensa del acusado está a cargo de los abogados Marcos Bertolotti y Emanuel Morales. Al Oficial Inspector Galván se le imputa el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El fiscal Sancho precisó que, de los ocho detenidos que había en la comisaría de Lonquimay en ese momento, seis fueron los que “fueron a trabajar a la fiesta”.
Afortunadamente, “ninguno se escapó”, aclaró el fiscal. No obstante, subrayó la gravedad de la conducta: “sean dos o seis, hay un incumplimiento de los deberes de funcionario público”, dado que los detenidos fueron “liberados sin ninguna autorización”.
La causa judicial se inició a raíz de un informe elevado por el coordinador regional al entonces jefe de la Unidad Regional I, Marcelo Calderón, quien dispuso la investigación penal correspondiente. Adicionalmente, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) también ha abierto un sumario administrativo por el hecho.
Para la jornada de este jueves, estaba prevista la declaración de los propios detenidos que, en aquel momento, se convirtieron en los improvisados “mozos” de la fiesta de casamiento del jefe policial.
“A ellos no se les imputa nada, pero deben contar qué fue lo que sucedió”, completó Sancho. La pena prevista para el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público oscila entre un mes y dos años de prisión, además de una inhabilitación especial por el doble de tiempo.