El bloque de concejales del Partido Justicialista de La Adela manifestó su “profunda preocupación” por la crisis institucional, administrativa y financiera que atraviesa el municipio, y apuntó directamente contra el intendente Federico Moro (Juntos por el Cambio) por decisiones que —según denunciaron— ponen en riesgo a toda la comunidad.

Mediante un comunicado firmado por los ediles Carlos Pereyra y Erminda Birge, cuestionaron la reciente aprobación de una ordenanza de emergencia administrativa y financiera que habilita el pago en cuotas de los salarios municipales y la posibilidad de saldar deudas con bienes del Estado. “Lejos de brindar soluciones responsables, la medida habilita mecanismos repudiables, peligrosos y para nada claros”, advirtieron.

Los concejales indicaron que, a pesar de la mayoría del oficialismo, votaron en contra por considerar que la ordenanza “carece de claridad, previsión y criterios técnicos sólidos”. Además, criticaron la actitud de la presidenta del Concejo, Silvia Amado, al considerar como un “gesto de generosidad” haber permitido el debate. “El diálogo y la transparencia no son concesiones, son obligaciones”, afirmaron.

También recordaron antecedentes preocupantes como la entrega de terrenos del Parque Industrial para saldar la deuda con la cooperativa eléctrica, lo cual —advirtieron— sienta un precedente alarmante. “La ciudadanía merece saber con qué criterios se tomarán futuras decisiones similares”, remarcaron.

En cuanto al pago escalonado de haberes, denunciaron que por primera vez desde el inicio de la actual gestión se incumplió con el pago completo en tiempo y forma. “El salario es un derecho, no una variable de ajuste”, señalaron.

Por último, criticaron al radicalismo por reconocer que solo el 35% de la ciudadanía paga impuestos sin asumir responsabilidad alguna. “¿Dónde están las políticas de incentivo, de cercanía, de confianza con el vecino?”, preguntaron, y concluyeron: “No vamos a ser parte del ajuste ni de la entrega. Vamos a defender el rol del Concejo como garante del orden institucional y del control de los recursos públicos, sin dejarnos presionar ni silenciar”.