Los responsables de la constructora AKSA SAS, Luciano Javier Andrada y Daiana Solange Krenz, fueron condenados a tres años de prisión tras un juicio abreviado por haber cometido 15 hechos de estafa. Además de la pena privativa de la libertad, deberán afrontar las costas del proceso y pagar seis millones de pesos en concepto de honorarios al abogado querellante Álvaro Carlos Ruggiero, quien también figura entre los damnificados.

El fiscal general Guillermo Sancho, a cargo de la acusación, explicó que si bien se detectaron más víctimas, las denuncias que permitieron arribar a la condena corresponden a 15 personas. Los hechos investigados se extendieron a terrenos ubicados en La Pampa, Buenos Aires y Mendoza.

Este viernes, los condenados recuperaron la libertad bajo modalidad condicional, aunque el Juzgado de Ejecución Penal deberá definir cómo se cumplirá la pena. Fuentes judiciales indicaron que ambos podrían ser alojados en una unidad penitenciaria común. Andrada y Krenz permanecieron diez meses con prisión domiciliaria y fueron liberados por decisión del juez de control Carlos Ordaz, quien les impuso la prohibición de contacto y comunicación con las víctimas hasta que se resuelva la ejecución penal.

Sancho advirtió que el cese de la prisión domiciliaria puede ser revertido al momento de ejecutarse la condena y remarcó que los imputados no cuentan con recursos para reparar el daño económico causado. Por ese motivo, los damnificados deberán iniciar acciones en el fuero civil para intentar recuperar el dinero perdido.

Durante la investigación se logró comprobar que, en la mayoría de los casos, no existía ninguna construcción en los terrenos ofrecidos por la empresa, sino únicamente plateas. Aun así, los acusados continuaron recibiendo aportes de dinero con la promesa de avanzar con la compra de materiales. Incluso con la causa judicial ya en marcha, siguieron solicitando transferencias a una cuenta perteneciente a la madre de Krenz.

El perjuicio económico estimado asciende a 42.054.124 pesos y 29.200 dólares, cifras correspondientes a valores de hace cuatro años. Según indicó Ruggiero, actualizado a la fecha, el monto representa “cientos de miles de dólares”.

El abogado querellante destacó que el acuerdo incluyó tres puntos centrales: la pena de cumplimiento efectivo por el delito de estafa, la obligación de los condenados de pagar íntegramente los costos y costas del proceso y el abono, en un plazo de 30 días, de los honorarios profesionales fijados conforme a la Ley Provincial 3371.

La defensa, representada por Juan Carlos de la Vega y Néstor Mariano Sánchez, manifestó no tener objeciones al acuerdo alcanzado.