Un subcomisario, quien también es arquitecto y desempeñaba funciones en el Departamento de Logística bajo la supervisión de la Jefatura de Policía, ha sido sentenciado a un año y seis meses de prisión en suspenso, junto con la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos en la función pública, tras ser hallado culpable del delito de fraude contra la administración pública provincial en grado de tentativa.
Tras el análisis de las pruebas presentadas durante el juicio oral, la jueza de audiencia de Santa Rosa, Alejandra Flavia Ongaro, dictaminó que Alfredo Fabián Ibañez, quien ocupaba el cargo de jefe de la Sección de Edificación e Instalaciones Fijas en Logística, visitó una maderera con la intención de adquirir cinco unidades de fibrofácil. En este proceso, presentó una orden de compra emitida supuestamente por dicho organismo, la cual llevaba un sello oficial y una firma aclaratoria con el nombre de un oficial ayudante, según informó el área de Prensa de la Justicia.
Sin embargo, se descubrió que la orden entregada por Ibañez al cajero del establecimiento era un documento falso, que no había sido emitido por Logística, y que su numeración correspondía a otra orden válida emitida previamente por el mismo departamento para una compra diferente en la misma maderera, lo cual resultó en la emisión de otra factura.
“El proceso de compra fraudulenta que Ibáñez intentó hacer que fuera pagado por el Estado provincial, en beneficio personal, se llevó a cabo sin problemas, ya que la orden falsa no fue detectada en el momento de la transacción”, señaló Ongario en su fallo. “Esto confirma la efectividad del ardid utilizado por el acusado para perpetrar el engaño, con el objetivo de causar un perjuicio financiero al Estado”.
“Sin embargo, este perjuicio no se materializó debido a la intervención oportuna y eficaz de los controles administrativos, alertados por el propio oficial ayudante cuya identidad fue falsamente utilizada por Ibáñez para perpetrar el engaño”, agregó.
Además de la pena impuesta, Ibañez, de 50 años y actualmente retirado, deberá fijar residencia y someterse al control del Ente de Políticas Socializadoras durante dos años como parte de las condiciones impuestas.
Durante los argumentos finales, el fiscal general Máximo Paulucci había solicitado la misma sanción que finalmente fue impuesta por Ongaro, mientras que el defensor particular, Román Oscar Fiorucci, había pedido la absolución de su cliente, argumentando que no se habían demostrado los hechos y que, por lo tanto, no se había roto la presunción de inocencia.