Una resolución del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) desató polémica en La Pampa al establecer un canon inferior al estipulado por la legislación provincial para el uso de columnas eléctricas por parte de empresas privadas. El dictamen responde a una presentación de la firma Antena Comunitaria SRL contra la Cooperativa de Servicios Públicos de Realicó, y establece un precio de uso por debajo del fijado por la Ley Provincial N° 3.140.
El conflicto gira en torno al uso compartido de infraestructura pasiva —como postes y columnas— en localidades pampeanas como Realicó, Parera e Hilario Lagos. En su dictamen, el organismo nacional fijó un cargo mensual de $1.572,29 por cada cien metros lineales de tendido, monto que deberá ser actualizado semestralmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Choque normativo
La normativa provincial en cuestión regula el uso de soportes para redes eléctricas, reconociendo su titularidad a las cooperativas locales. La legislación exige a terceros interesados no solo requisitos técnicos y legales, sino también el pago de un canon acorde a los costos de mantenimiento. Sin embargo, muchas empresas han intentado eludir estos compromisos, desplegando redes sin cumplir con las normativas provinciales.
Con el nuevo fallo del Enacom, se abre una puerta a cuestionamientos sobre el alcance de la autoridad provincial en relación al uso de infraestructura esencial para las telecomunicaciones. La resolución representa, para muchos, un respaldo explícito del Gobierno nacional a los intereses del sector privado en detrimento de las entidades solidarias.
Argumentos empresariales
La empresa denunciante, ligada a integrantes del grupo Matzkin, argumentó que la tarifa exigida por la cooperativa resultaba desproporcionada e irrazonable, señalando aumentos acumulados en el canon mensual que, según sus cálculos, habrían escalado de poco más de $60 por poste en 2020 a más de $1.000 en 2024. Alegan que estos valores generan un desequilibrio respecto a los costos reales del mercado y constituyen una barrera para la libre competencia.
Además, señalaron que de persistir este esquema tarifario, existe un “riesgo cierto” de que su actividad se vea afectada, tanto por la imposibilidad de competir como por las trabas para el acceso al mercado TIC en localidades pampeanas.
Una disputa con trasfondo político
El contexto no pasa desapercibido: la gestión nacional actual ha mostrado una fuerte orientación promercado, lo que se traduce en decisiones como esta, que apuntalan al sector privado frente a estructuras cooperativas que históricamente han garantizado servicios en el interior profundo del país.
Mientras las cooperativas analizan los pasos a seguir, no se descarta una reacción institucional para defender el esquema de regulación provincial, al considerar que está en juego no solo una cuestión tarifaria, sino también la autonomía pampeana en la gestión de sus servicios públicos y su infraestructura comunitaria.