Frente al pedido de colaboración del Instituto Provincial de la Vivienda (IPAV), la Defensa Pública creó un programa para patrocinar a los vecinos y vecinas del Barrio Río Atuel, que se encuentren en condiciones de iniciar trámites sucesorios sobre las viviendas sociales adjudicadas por ese organismo.
La emergencia social/habitacional obliga a la Defensa Pública a profundizar acciones conducentes para la protección de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos y culturales de nuestra comunidad. En esa lógica, la asistencia requerida por el IPAV actualiza la función de este Ministerio de ser parte esencial en la concreción de uno de los derechos constitucionales más complejos de garantizar.
El pleno ejercicio de la propiedad sobre la vivienda familiar y su función económica y cultural constituye uno de los pilares de la justicia social. Consolidar los objetivos de la política habitacional llevada adelante en nuestra provincia, nos obliga a cooperar con aquellas y aquellos adjudicatarios y sus grupos familiares en las inscripciones dominiales que permitan, a su vez, asegurar jurídicamente su patrimonio.
El acceso a la vivienda es un puente para el desarrollo de otros derechos esenciales como la educación, la salud o el trabajo, a la vez que instituye mojones para la movilidad social ascendente. Por ello, otorgar seguridad a la casa propia es de incumbencia de todos los poderes del Estado. El Ministerio Público de la Defensa es, en esta instancia, un actor fundamental para finalizar los trámites que darán formalidad a más de 100 vecinos y vecinas de esa barriada santarroseña.
Cabe destacar que, a la hora asumir tamaño compromiso, no se puede desconocer la crisis institucional y humana que atraviesan las Defensorías del fuero Civil y de Familia. Las adversas condiciones de trabajo y el cúmulo de la creciente demanda ha provocado indefectiblemente un deterioro en la salud mental del personal que presta los servicios. Es preciso poner en escena que las defensorías civiles conviven con la conflictividad de género, niñez, salud mental, adultez mayor, discapacidad y derechos humanos. Y que constituye un agravante el hecho de que, desde 2008, no se crea ninguna Defensoría Civil titular en toda la provincia, así como tampoco se le asigna a las existentes más trabajadores .
Sin embargo, frente a la inminencia de un hecho social total, reivindicando la función del Ministerio Público, no podemos eludir el compromiso en la lucha por los Derechos Humanos. Por ello, las obligaciones e implicancias del programa serán asumidas por defensoras del fuero penal y trabajadoras de la Defensoría General.