Esta mañana, el intendente Luciano di Nápoli se dirigió a la Casa de Gobierno en busca de un auxilio financiero urgente. El propósito era obtener los recursos necesarios para cumplir con el pago del bono de fin de año destinado a los empleados y empleadas municipales que en principio se cobraría este 12 de enero. Acompañando al intendente, estuvieron presentes otros jefes comunales, según informaron fuentes oficiales del municipio.
Sin embargo, desde la Casa de Gobierno se ratificó que no se brindará ayuda económica a ningún municipio. Esta decisión se fundamenta en la reciente distribución de fondos vinculados con la Coparticipación, el Índice de Distribución Poblacional y una porción de los 2.300 millones provenientes del juicio ganado contra la Nación.
En las últimas horas, han surgido inquietudes respecto al pago, generando alerta y expectativas en el gremio SOEM y ATE. La disminución de la actividad económica y el aumento de los costos debido a la devaluación están generando dificultades financieras para los municipios.
La intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, expresó su deseo de cumplir con los pagos, pero admitió la falta de recursos. Por su parte, Abel Sabarots de Acha anunció el pago en cuotas, adoptando una medida similar a la que seguirá Castex. En una situación más excepcional, Uriburu logró efectuar el pago en su totalidad el 9 de enero.
El gobernador Sergio Ziliotto indicó la semana pasada que encargó un estudio para evaluar la evolución de la coparticipación. El objetivo es determinar hasta qué punto la Casa de Gobierno puede proporcionar asistencia a las intendencias que han enfrentado dificultades financieras, especialmente en el ámbito de salarios, aguinaldos y bonos de fin de año.
Durante la reunión del martes pasado, Ziliotto se reunió con la mayoría de los intendentes peronistas. Ese mismo día, se distribuyó la coparticipación provincial a cada localidad y, por primera vez, se asignó el fondo adicional según el índice poblacional. Además, las intendencias recibieron una porción de los 2.300 millones correspondientes al pago de la deuda que la Nación resolvió tras ganar el juicio en la Corte.
Con informacion de El Diario