A cuatro meses de los allanamientos realizados en dos geriátricos de Eduardo Castex, las investigaciones judiciales siguen sin avances concretos. Las causas por presunto “abandono de persona” y “malos tratos” en las residencias Luz de Vida y Los Nonos se encuentran paralizadas, a la espera de peritajes sobre los dispositivos electrónicos secuestrados en enero.
El fiscal adjunto Carlos Álvarez Ciaffoni explicó que los resultados podrían recién conocerse en junio, cuando la Agencia de Investigación Científica (AIC) realice la apertura de celulares, computadoras y otros elementos incautados. “No se tomará ninguna resolución hasta no tener acceso a ese contenido”, indicó.
Las denuncias fueron impulsadas por familiares de personas mayores residentes en ambos establecimientos, quienes, tras reclamar sin respuestas en el municipio, acudieron a la Justicia. “No solo fueron víctimas del abandono institucional, también de la indiferencia de las autoridades”, señalaron en su momento.
Irregularidades previas y errores administrativos
Según registros oficiales, ambos geriátricos no estaban inscriptos en el Registro Provincial de Residencias, tal como exige la Ley N° 3129. La normativa obliga a contar con autorización de la Dirección General de Personas Mayores y con habilitación municipal. En el caso de Castex, el municipio había adherido a esa ley mediante la Ordenanza N° 10/2020.
En enero, tras la viralización mediática de los allanamientos, el municipio avanzó con clausuras preventivas. Sin embargo, trascendió que una de las notificaciones fue erróneamente entregada en otro establecimiento, lo que generó confusión.
Lo que dejó el operativo
Durante los procedimientos, la Justicia incautó documentación y detectó a simple vista indicios coincidentes con lo denunciado por los familiares. El fiscal Ciaffoni encabezó los operativos junto con efectivos policiales en las residencias ubicadas sobre calles Italia y Sargento Cabral.
El municipio confirmó posteriormente que ninguno de los lugares contaba con habilitación definitiva, ya que las solicitudes estaban en trámite y no se habían cumplimentado los requisitos exigidos.
¿Vuelven a abrir en junio?
Desde el Ejecutivo local indicaron que, más allá de la intervención judicial, se realizaron inspecciones periódicas de seguridad, higiene y condiciones edilicias. También aseguraron haber intimado a las responsables a adecuarse a la normativa vigente.
A pesar de todo, se prevé que los establecimientos podrían volver a funcionar en junio si logran cumplir con los requisitos formales. La posibilidad ha generado preocupación en algunos familiares de exresidentes, quienes insisten en que la situación no debe resolverse sin justicia y controles adecuados.
Mientras tanto, el proceso judicial sigue estancado y las dudas sobre el funcionamiento y control de los geriátricos en la localidad persisten.