Un jubilado, de entre 65 y 70 años, y su hijo, un empleado judicial de entre 35 y 40, son los dos imputados, en principio, de participar desde Santa Rosa de una red internacional de material de abuso sexual infantil. Los dos viven en el mismo domicilio -una casa y un departamento separado- y están apuntados por los investigadores. El hijo declaró este viernes. Y el padre lo hará entre lunes y martes.
Así lo reveló la fiscal Micaela Sucurro, que junto el jefe División Análisis de las Telecomunicaciones de la Policía, Temístocles Torreani, y la jefa Área Trata de Personas, María Belén Pérez Fassi, brindaron detalles de la investigación este viernes en una conferencia de prensa.
La fiscala Sucurro explicó que el tráfico en red se detectó en Estados Unidos y Brasil y la investigación se coordinó con una fiscalía de Ciudad de Buenos Aires, desde donde también se sumó a la justicia de varias provincias. Un usuario de la red compartió 300 videos de pornografía infantil.
Entre las conexiones de IP que participaban de la red -.descargando y compartiendo archivos- se identificó un domicilio en Santa Rosa, entre otros puntos de contacto del país.
La investigación determinó que en la vivienda de Santa Rosa moran dos personas, un jubilado y su hijo, un empleado judicial. Tienen una casa y un departamento, dividido.
Se realizaron tres allanamientos en la ciudad capital el jueves a las 6 horas y en forma simultánea se realizó el resto de los procedimientos en siete países distintos.
Los investigadores aclararon que ahora se realizarán las pericias para determinar si las dos personas participaban de la red de pornografía infantil o lo hacía solo una de ellas. No están detenidos. Fueron notificados de la acusación, en libertad. El padre es el titular de la conexión del servicio de internet de la CPE. Ninguno de los dos tiene antecedentes penales.