El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, se refirió al conflicto ocurrido en el ingreso al relleno sanitario tras el bloqueo realizado por vecinos del barrio Nuevo Amanecer y respaldó la intervención judicial y policial que permitió restablecer el servicio de recolección de residuos. En ese marco, lanzó duras críticas hacia la defensa de los manifestantes y sostuvo que se trató de un delito tipificado en el Código Penal.

Durante una entrevista en el programa La Parte y el Todo, por la Televisión Pública Pampeana, el jefe comunal recordó que existió un proyecto, financiado por organismos internacionales, para trasladar el basural fuera del ejido urbano, iniciativa que no prosperó. Detalló que la Provincia llegó a avanzar con la expropiación de una cantera, a unos 10 kilómetros de la ciudad, donde se iba a realizar la disposición final, mientras que el actual predio iba a quedar destinado al reciclado.

Di Nápoli explicó que, a partir de un programa conjunto con el Ministerio de Ambiente de la Nación, el municipio recibió maquinaria que permitió crear y fortalecer la Cooperativa de Trabajo Brote Popular, encargada del reciclado en Santa Rosa. Aseguró que gracias a ese trabajo se dejaron de enterrar cientos de miles de toneladas anuales de residuos como vidrio, cartón, plástico y metal, aunque reconoció que el sistema está lejos de ser ideal y requiere inversiones permanentes.

Sobre los incendios en el relleno sanitario, indicó que responden tanto a acciones intencionales como a causas naturales vinculadas a la acumulación de gases y las altas temperaturas. Señaló que cada foco ígneo fue combatido y que el domingo por la noche, cuando se produjo la protesta, el fuego ya estaba siendo atendido y se había garantizado su extinción para la mañana siguiente.

El intendente relató que, pese a que el incendio fue controlado, un grupo de personas decidió bloquear el ingreso de los camiones recolectores, lo que paralizó el servicio desde la medianoche del domingo. Afirmó que se intentó una instancia de diálogo y mediación, incluso ofreciendo una reunión con autoridades municipales, pero la protesta se radicalizó con el reclamo de relocalizar el relleno sanitario, una obra que consideró inviable por costos y plazos.

Di Nápoli remarcó que impedir el funcionamiento de un servicio público constituye un delito y que esa situación fue advertida a los manifestantes. “No voy a ser el intendente que ponga en riesgo a la población”, afirmó, y destacó la actuación de la Policía y la Fiscalía, que solicitaron una orden judicial para desalojar el acceso.

“Le recomiendo a la defensora que vuelva a leer el Código Penal, el artículo 194, porque está claramente tipificado”, expresó el intendente, y sostuvo que no se permitirá que un grupo reducido afecte al resto de la comunidad.

También señaló que existió una motivación política detrás del conflicto, aunque aclaró que no cuenta con pruebas concretas. En ese contexto, mencionó que la situación generó tensiones adicionales, ya que recicladores y trabajadores que dependen del relleno no podían ingresar a realizar sus tareas.

Finalmente, Di Nápoli reconoció que existe un trasfondo social complejo en los barrios populares, pero aseguró que el municipio mantiene una fuerte presencia del Estado con obras de infraestructura, asistencia social, servicios básicos y recolección de residuos. Recordó que su gestión avanzó con la regularización eléctrica en varios barrios y afirmó que en el Nuevo Amanecer la obra ya supera el 60 por ciento de ejecución.

“El problema social está reconocido y atendido, pero ante la irracionalidad vamos a actuar con toda la fuerza de la ley, como corresponde”, concluyó.