Desde Patria Grande La Pampa salieron a repudiar la acusación del juez Maximiliano Boga Doyhenard del Juzgado Contravencional de la Segunda Circunscripción Judicial de General Pico y hacemos público nuestro apoyo a la docente píquense Ana Contreras.
“La docente, en cumplimiento de su rol, como agente estatal y garante de derechos de niñas, niños y adolescentes brindó una clase sobre el Terrorismo de Estado en Argentina y la utilización del concepto Genocidio, lo que derivó en la discusión sobre la pertinencia de los conceptos para analizar el caso de la ocupación Israelí del territorio Palestino en la actualidad”, expresaron en un comunicado.
“Creemos que esta acción judicial sienta un precedente de mucha gravedad y deja en desprotección al colectivo docente ya que, ante cualquier contenido sensible o controversial podría ser judicializado, atentando directamente contra la libertad de cátedra y el derecho a la formación ciudadana crítica, como así también al marco normativo vigente que establece que los alumnos son sujetos de derecho y no propiedad de sus progenitores. No es, bajo ningún aspecto, una situación de adoctrinamiento; no se obliga a estudiantes a pensar de la misma forma que un docente. Lo que se dio y debatió dentro del aula está contenido y contemplado en las líneas curriculares aprobadas por el Ministerio de Educación.
Esto no es un caso aislado, está misma semana docentes rionegrinos fueron acusados desde las bancas legislativas provinciales de “adoctrinamiento” por dictar contenidos de Educación Sexual Integral garantizados en la Ley Nacional 26.150, situación que se viene repitiendo a lo largo y ancho del país, y que está sirviendo como forma de disciplinar a los trabajadores de la educación, reemplazando una construcción crítica de saberes por la mera transmisión de ciertos contenidos curriculares seleccionados a discreción”, ampliaron.
“La educación no puede quedar a merced de la censura ni de intereses particulares que desvirtúan los valores democráticos. Esta sentencia contradice los principios constitucionales, así como tratados internacionales donde se consagran y garantizan el derecho a la educación, de pensamiento y de libertad de opinión”, finalizaron.