“Educación+Justicia”: Simulacro de mediación en Victorica

Un grupo de estudiantes de tercer año del Colegio Secundario Leuvucó realizó una visita guiada al Edificio Judicial de Victorica, participó del simulacro de una audiencia de mediación por cuota alimentaria y mantuvo charlas con magistrados y funcionarios judiciales, en el marco del programa “Educación + Justicia” del Superior Tribunal de Justicia. Los alumnos y […]

Un grupo de estudiantes de tercer año del Colegio Secundario Leuvucó realizó una visita guiada al Edificio Judicial de Victorica, participó del simulacro de una audiencia de mediación por cuota alimentaria y mantuvo charlas con magistrados y funcionarios judiciales, en el marco del programa “Educación + Justicia” del Superior Tribunal de Justicia.

Los alumnos y alumnas fueron recibidos en el hall de ingreso por la defensora civil Maria Liz Figueroa Echeveste, quien les explicó que organismos funcionan allí y cuáles son sus funciones. 

También les detalló qué territorio abarca la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en Victorica, ya que además de esa localidad incluye al resto del oeste provincial (La Humada, Algarrobo del Águila, Luan Toro, Telén, Santa Isabel, Carro Quemado, etc.).

La funcionaria comentó que allí funciona el único juzgado civil multifuero –es decir que tramita demandas civiles, comerciales, laborales, de familia y quiebras y concursos–, precisó que el juzgado de control interviene en las causas penales que tramita el Ministerio Público Fiscal y especificó qué tareas cumplen las fiscalías.

Posteriormente Figueroa Echeveste llevó a los estudiantes hasta las oficinas de las defensorías (civil y penal) para señalarles que el Poder Judicial completó todo un proceso de digitalización –dejando atrás el uso del papel– y le dio ejemplos de cómo se organizan audiencias virtuales con personas que viven alejadas de Victorica a través de videollamadas o de la plataforma Zoom.

Simulación.

Lo mejor para los alumnos y alumnas llegó con la simulación de la audiencia de mediación. En ella se ideó una demanda de aumento de la cuota alimentaria de una madre, con tres hijos menores, contra el padre. En ella, un alumno y una alumna cumplieron los roles de progenitores, Figueroa Echeveste actuó como defensora de la mamá, la defensora penal María Soledad Trímboli como defensora del papá, y Eliana Soto como mediadora ya que se desempeña en esa oficina.

“Hicimos una escenificación en donde se planteó que la cuota que estaba pagando el padre dejaba a sus hijos en la indigencia. Expusimos que, por más que no estuviera un empleo registrado, si íbamos a juicio el juez tendría muchas pruebas para valorar el incremento y terminamos acordando una suba trimestral actualizada de entre el 15 y el 20 por ciento atento al proceso inflacionario –detalló la defensora–. También convinimos el pago de alimentos extraordinarios porque uno de los hijos necesitaba un par de anteojos y resolvimos el régimen comunicacional que el progenitor mantendría con ellos”.

Una vez concluido el simulacro, los alumnos y las alumnas formularon preguntas relacionadas con los derechos que tienen los hijos e hijas que viven en familias ensambladas y si ellos –como adolescentes– pueden concurrir a la Justicia para asesorarse. Además se les explicó qué son las adopciones por integración, una figura del Código Civil que alude a la adopción del hijo del cónyuge o del conviviente con la finalidad de integrar a la familia.

La visita concluyó con el paso de los estudiantes por la Cámara Gesell y el despacho del juez civil Javier Trombicki. El grupo estuvo acompañado por las docentes Cristina Godoy. Macarena Leonardi y Valeria Torres Manso.

“Educación y Justicia” es una propuesta del STJ con características únicas en el país, que cuenta con el aval del Ministerio de Educación de La Pampa y fue declarado por la Cámara de Diputados de interés legislativo.

La propuesta pedagógica tiene como objetivo principal acercar a la comunidad en forma real a la Justicia y, especialmente, a los jóvenes que están a punto de cumplir la mayoría de edad. Ella incluye la concurrencia de estudiantes, a partir de los 16 años, a juicios orales; visitas guiadas a edificios judiciales; la organización de simulacros de juicios; y charlas de funcionarios y magistrados en colegios secundarios, especialmente del interior.​