La Pampa registró un Índice de Vulnerabilidad Social (IVS) del 5,3% de la población, según los resultados de la octava edición del relevamiento provincial, realizado entre julio y agosto de este año. El indicador se mantuvo en el mismo nivel que en la medición anterior, difundida en abril.
Desde el Gobierno provincial señalaron que, sin la aplicación del Refuerzo Alimentario Focalizado Extraordinario (RAFE), el índice habría ascendido al 7,4%. De acuerdo con esa estimación, el programa habría contribuido a reducir en 2,1 puntos porcentuales la vulnerabilidad social medida por el estudio.
El Ejecutivo destacó la incidencia de las políticas de transferencia directa de ingresos, especialmente los programas alimentarios contemplados en la Tarjeta Social Pampeana. Estas herramientas buscan acompañar a los hogares que enfrentan mayores dificultades para cubrir sus necesidades básicas.
El IVS evalúa si los ingresos totales de los grupos familiares alcanzan para cubrir sus necesidades alimentarias y permite analizar cómo inciden las transferencias y los programas sociales en sus condiciones de vida.
Desde la Provincia remarcaron que los resultados permiten dimensionar el alcance de las políticas alimentarias y evaluar su contribución para sostener el acceso a los alimentos en los hogares pampeanos.
Un relevamiento que abarca once localidades
La octava edición del estudio alcanzó una cobertura equivalente al 73,42% de la población provincial. El operativo comenzó en febrero de 2023 en el conglomerado Santa Rosa-Toay y, de manera progresiva, se extendió a otras localidades.
Actualmente, el relevamiento comprende 25 de Mayo, Eduardo Castex, General Acha, General Pico, Jacinto Arauz, Macachín, Realicó, Santa Isabel, Santa Rosa, Toay y Victorica.
Según se informó, la distribución territorial del estudio permite representar las diez microrregiones establecidas por la Ley Provincial 2358 de Descentralización y su modificatoria, la Ley 2461.
Trabajo conjunto entre Provincia y municipios
El operativo contó con la participación de 269 personas, entre agentes de los ministerios provinciales de Desarrollo Social y Derechos Humanos y de Salud, además de integrantes de las áreas sociales de los municipios involucrados.
La coordinación entre los equipos provinciales y locales permitió realizar las tareas de campo y reunir la información necesaria para elaborar el indicador.
El Gobierno pampeano señaló que continuará utilizando este relevamiento para monitorear las condiciones de vida de los hogares, evaluar las políticas sociales y orientar las acciones destinadas a atender las situaciones de mayor vulnerabilidad.