Pasado el medio día de hoy, el ministro de Seguridad y Justicia, Horacio di Nápoli, acompañado de su equipo, también se hizo presente en el marco del debate por el Presupuesto 2025 y respondió las consultas de legisladores y legisladoras.
La primera de ellas fue una pregunta relacionada a la prioridad para la primera y segunda circunscripción para nuevos cargos de defensores civiles.
“Se priorizaron los defensores civiles debido a la creciente demanda en la primera y segunda circunscripción, donde desde 2006 no se habían creado nuevas defensorías civiles. Este déficit afecta especialmente a sectores vulnerables, como madres con hijos que no reciben atención adecuada para problemas como alimentos o filiación”, detalló el ministro.
En este sentido, di Nápoli se explayó y mencionó que la elaboración del presupuesto se realizó en un contexto de “gran incertidumbre económica”, lo que impidió prever los recursos disponibles para 2025. “Esto llevó a priorizar cargos estratégicos con el margen limitado de recursos disponibles”, agregó.
Más adelante, se consultó acerca de las políticas de resocialización para personas privadas de su libertad y su inclusión en el presupuesto provincial.
“Hay un ente encargado de la resocialización que realiza un trabajo integral que incluye pre-libertad y post-libertad. Este organismo está compuesto por profesionales de áreas clave, como psicología y trabajo social, y se encuentra reglamentado por ley. Actualmente, está operativo en varias localidades de la provincia, incluyendo General Pico, Santa Rosa y zonas aledañas”, indicó di Nápoli.
Y agregó: “Un ejemplo destacado de políticas de resocialización es el curso de podadores, realizado en conjunto con el Ministerio de la Producción y la Municipalidad de Santa Rosa. Este curso incluyó la inscripción de los participantes en el registro de podadores municipal. Asimismo, tras un proceso de selección para identificar a quienes estaban capacitados y motivados, se les proporcionaron herramientas para desempeñar esta labor, bajo un esquema de comodato y con seguimiento continuo. Estas acciones demuestran el compromiso de acompañar a los tutelados en su proceso de reinserción social”.
Posteriormente, se le preguntó al titular de Seguridad y Justicia sobre la partida presupuestaria específica destinada al transporte.
“Esta partida está destinada a garantizar el derecho al acercamiento familiar de las personas privadas de libertad, en línea con lo que indica la ley. Incluye el traslado de familiares hacia las unidades penitenciarias ubicadas en otras provincias, como Neuquén y San Luis. Anteriormente, estos gastos estaban integrados en una partida general, pero ahora se clasificaron de manera específica para mayor transparencia. Esta medida refleja el compromiso de la provincia con los derechos humanos, independientemente del peso social que pueda generar”, respondió di Nápoli ante las y los diputados.
Otra de las consultas apuntó a qué acciones se han tomado para fortalecer el parque automotor y los recursos tecnológicos en materia de seguridad.
Ante esta pregunta, el ministro detalló: “Desde el inicio de la gestión, se han incorporado 102 camionetas, 35 autos y 61 motos al parque automotor de la policía. Próximamente, se llevará a cabo una licitación para incrementar aún más estos recursos. También se instalaron 100 nuevas cámaras de videovigilancia, herramientas fundamentales para mejorar la seguridad y la efectividad de las pruebas judiciales. Estas medidas buscan optimizar la tecnología y los recursos disponibles”.
Por último, el subsecretario de Formación y de Servicios de Seguridad Privada, Marcos Cernicelli, destacó los avances realizados en materia de formación policial, fruto del trabajo conjunto con la Jefatura de Policía.
En este sentido, Cernicelli señaló que en los últimos dos años y medio se han implementado cambios significativos, concretando en 2024 medidas clave que mejoran las condiciones para el futuro. Entre estas iniciativas, resaltó la puesta en marcha de un plan de trabajo “estructurado”, enmarcado en el Plan Integral de Formación para las Políticas de Seguridad, documento estratégico vigente que orienta las acciones del Ministerio.