El presidente Javier Milei volvió a cuestionar a La Pampa por no adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, un informe de la Fundación Mediterránea advierte que, en provincias mineras como Catamarca, Jujuy y Salta, las regalías representan una porción reducida de los ingresos públicos, pese al peso que adquirió la actividad en sus exportaciones.

Durante una visita a Neuquén, el mandatario afirmó que La Pampa «decidió enemistarse con el crecimiento económico y la generación de riqueza» por no sumarse al régimen nacional. También comparó el paso entre provincias con el cruce del Muro de Berlín.

Desde el Gobierno pampeano sostienen que la adhesión al RIGI no garantiza por sí misma nuevas inversiones y defienden una estrategia propia, orientada a captar proyectos sin resignar herramientas de intervención estatal ni autonomía fiscal.

El peso de la minería en las cuentas provinciales

Un estudio del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), perteneciente a la Fundación Mediterránea, analizó la relación entre la actividad minera y los recursos que reciben los gobiernos provinciales.

En 2025, la minería representó el 94% de las exportaciones de Catamarca, el 80% de las de Jujuy y el 44% de las de Salta. Pese a esa relevancia, las regalías mineras equivalieron al 0,46% de los ingresos provinciales de Catamarca y al 0,96% de los de Jujuy. En Salta, la participación estimada de las regalías específicamente mineras fue del 0,2%.

Los datos reflejan una diferencia entre el peso exportador del sector y su contribución directa a las arcas públicas a través de regalías. No obstante, el informe también advierte que esos ingresos no representan la totalidad del aporte fiscal de la minería, que incluye otros tributos y efectos indirectos sobre el empleo y la actividad económica.

La alternativa pampeana

En el Ejecutivo provincial consideran que las inversiones de gran magnitud suelen responder a proyectos que requieren años de planificación y estudios de viabilidad técnica y económica. Por eso, sostienen que su concreción no depende exclusivamente de la adhesión de una provincia al RIGI, sino también de las condiciones de cada economía, las oportunidades de mercado y la existencia de emprendimientos viables.

También señalan que el régimen nacional está destinado a proyectos que superan los 200 millones de dólares, un requisito que deja fuera a numerosas iniciativas de menor escala. Según el análisis provincial, el esquema puede favorecer determinadas actividades y generar divisas, pero no asegura por sí mismo una expansión de la inversión productiva en el conjunto de la economía.

Como ejemplo del modelo local, destacan la explotación hidrocarburífera del área Medanito, cuyos ingresos representan cerca del 10% de los recursos provinciales, de acuerdo con las cifras mencionadas por el Gobierno pampeano.

Además, resaltan la participación de Pampetrol en proyectos de energías renovables, una estrategia con la que la Provincia busca retener parte de los beneficios económicos generados por la actividad energética.

Una apuesta a los proveedores de Vaca Muerta

La Pampa también prepara un programa de incentivos para atraer empresas proveedoras de Vaca Muerta. La presentación está prevista para el 5 de noviembre en Buenos Aires y contempla exenciones impositivas, créditos con tasas bonificadas y facilidades para radicarse en parques industriales y en la Zona Franca de General Pico.

El objetivo es captar actividades vinculadas con el desarrollo hidrocarburífero neuquino y generar oportunidades económicas en territorio pampeano.

Desde el Gobierno provincial, además, cuestionaron las afirmaciones sobre una supuesta participación del 15% de Vaca Muerta en territorio pampeano y señalaron que no cuentan con fundamentos claros. En cambio, plantean que la Provincia puede beneficiarse de la expansión de esa actividad si consigue atraer empresas, servicios e inversiones relacionadas con la cadena productiva.

La discusión enfrenta dos enfoques: por un lado, el régimen nacional de incentivos para grandes proyectos y, por otro, una estrategia provincial que busca combinar beneficios para las empresas con participación estatal y desarrollo de proveedores locales. Los resultados de cada modelo dependerán de las inversiones que efectivamente se concreten y de cuánto de la actividad generada se traduzca en empleo, recursos públicos y valor agregado.