El paro docente convocado a nivel nacional registró una fuerte adhesión en La Pampa, donde el acatamiento alcanzó el 95% y en algunos establecimientos fue total, según informó la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (Utelpa). La jornada estuvo marcada además por un fuerte cruce entre los gremios y el Gobierno nacional por los controles realizados en las escuelas.

En Santa Rosa, docentes de distintos niveles educativos se movilizaron por el centro de la ciudad con carteles en defensa de la educación pública y en reclamo de mejoras salariales. Entre las principales demandas figuran la reapertura de la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y una recomposición de los ingresos del sector.

La secretaria general electa de Utelpa, Claudia Calderón, sostuvo que la medida de fuerza respondió a la falta de negociación salarial a nivel nacional y cuestionó la eliminación del Fonid. Además, afirmó que un docente dejó de percibir alrededor de 300 mil pesos por la decisión del Gobierno nacional de discontinuar ese aporte.

Durante la jornada, el Ministerio de Capital Humano realizó inspecciones para verificar el cumplimiento del porcentaje mínimo de prestación del servicio educativo previsto en la legislación vigente. Desde la Secretaría de Trabajo señalaron que, en caso de detectarse incumplimientos, podrían iniciarse procedimientos para evaluar eventuales sanciones a las organizaciones sindicales.

La decisión fue rechazada por los gremios docentes. Calderón calificó los controles como una forma de “amedrentamiento” y recordó que existen fallos judiciales que suspenden la aplicación del régimen de esencialidad mientras se resuelve la cuestión de fondo. También aseguró que el Gobierno provincial les transmitió que no avanzaría con medidas que excedieran sus competencias.

Según trascendió, hubo inspecciones de organismos nacionales en al menos dos establecimientos educativos de La Pampa.

Por su parte, la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, afirmó que el paro tuvo un alto nivel de adhesión en todo el país y denunció que el Gobierno nacional intenta desalentar el ejercicio del derecho de huelga mediante controles sobre la asistencia.

La dirigente también cuestionó la política educativa de la administración nacional al sostener que no hubo avances en materia de infraestructura escolar, que la inversión en educación atraviesa uno de sus niveles más bajos de las últimas décadas y que la situación económica de los docentes se agravó por la pérdida del poder adquisitivo y el creciente endeudamiento.