El Partido Socialista de La Pampa se manifiesta en contra del DNU y del proyecto de Ley Ómnibus, tanto en su aspecto procedimental como en su contenido, porque otorga facultades extraordinarias pretendiendo eliminar el Congreso Nacional, entregar el Patrimonio de nuestro país, destruir el Federalismo, violentando de manera integral la institucionalidad.
“Queremos destacar la convocatoria del Gobernador Sergio Ziliotto a los Partido Políticos de nuestra provincia para analizar en conjunto medidas que defiendan a La Pampa de un plan económico criminal que significo, en solo unos días de gobierno, ajuste de precios y tarifas al doble sin ninguna compensación salarial y de ingresos para los argentinos”, expresaron en un comunicado.
Asistimos a una nueva estafa que con el verso de “Argentina Potencia, Argentina Granero, Argentina primer mundo”, vienen hacer negocios los amigos del poder.
Nos oponemos a desregular la economía para que corporaciones cartelizadas aumenten aún más sus enormes ganancias, como sucede en con las prepagas, las tarifas, el combustible y el precio de alimentos de primera necesidad.
No se conoce país en La Tierra donde el mercado gobierne dando salud, educación, jubilaciones dignas, construya viviendas, rutas, diques, genere trabajo decente y salarios dignos, dando un marco de igualdad de oportunidades a todos sus habitantes. Solo podemos esperar que se hagan negocios con el esfuerzo y el sudor de nuestro pueblo. No hay futuro con la libertad de mercado, en la sociedad de hoy nadie sin derechos tiene libertad.
Tenemos una Constitución Nacional que fija límites, por eso exigimos que se discuta cada renglón del DNU y cada artículo de la Ley Ómnibus en el Parlamento, porque creemos que la división de poderes es esencial para el debate democrático. Solo así se podrá lograr un amplio consenso sobre lo que necesita el país.
En ese sentido el Partido Socialista, a través de sus Diputados Nacionales (en conjunto con otras fuerzas políticas), han acordado condicionar la habilitación al debate, exigiendo excluir temas que no representen aspectos de la emergencia económica y social que atraviesa el país, abocándose solo a debatir sobre las herramientas de emergencia y gobernabilidad, limitando cualquier medida de delegación de competencias.