Fernández Mendía, reelecto en la CIEJ como representante de la Argentina

El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Fernández Mendía, fue reelecto como representante de la Argentina en la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, durante la asamblea general de la Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en Lima, la capital de Perú. Fernández Mendía, que siguió parte de las deliberaciones por Zoom, cumplirá de esta manera su […]

El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Fernández Mendía, fue reelecto como representante de la Argentina en la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, durante la asamblea general de la Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en Lima, la capital de Perú.

Fernández Mendía, que siguió parte de las deliberaciones por Zoom, cumplirá de esta manera su tercer mandato consecutivo en la comisión directiva del organismo, ya que ingresó 2018 y permanecerá hasta 2025. Él es uno de sus dos integrantes que no son jueces de cortes supremas en sus países.

unto a Fernández Mendía, en la CIEJ habrá representantes de Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Panamá, Portugal, República Dominicana y Uruguay. A su vez España ejercerá la secretaria ejecutiva.

La Comisión está compuesta por nueve comisionados y un secretario ejecutivo y sus cargos son honoríficos. Ella desarrolla una labor consultiva, que se viene manifestando en la aprobación de dictámenes vinculados al desempeño de los jueces y juezas en ámbitos como las redes sociales, las relaciones con los medios de comunicación, la pertenencia a logias masónicas, etc.

Los tres últimos dictámenes, conocidos a principios de este mes, fueron sobre la proyección pública de la vida privada de los jueces y juezas y su relevancia ética; las exigencias éticas frente a un exceso en la invocación de inhabilidades para juzgar; y el uso ético de la inteligencia artificial en la labor jurisdiccional.

Fernández Mendía fue el tercer comisionado que más votos obtuvo para seguir ocupando un cargo en la CIEJ y, de esa manera, se convirtió en el representante argentino mejor posicionado ya que el resto de los elegidos estuvo por debajo de esa ubicación.

Además del ministro del STJ, durante la Asamblea fueron electos el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Luis Lorenzetti, en la Comisión de Justicia Medioambiental; y Alberto Lugones, Agustina Díaz Cordero, María Alejandra Provítola y Jimena de la Torre, integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación, en las comisiones de Seguimiento de las Reglas de Brasilia, del Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales, de Género y Acceso a la Justicia y de Calidad para la Justicia, respectivamente.

Género y tecnología.

Por otra parte, la Cumbre aprobó una serie de enmiendas al Código Iberoamericano de Ética Judicial en los capítulos de igualdad de género y no discriminación y de nuevas tecnologías.

Al primer tema le sumó tres artículos. En uno de ellos quedó establecido que “el principio de igualdad de género y no discriminación informará el desempeño de la profesión judicial, tanto en las relaciones internas de los poderes judiciales como en el ejercicio de la jurisdicción, con el fin de garantizar el acceso a la justicia”.

El segundo expresa que “la judicatura debe administrar justicia eliminando los sesgos, las brechas y los estereotipos de género en el conocimiento y decisión de los casos, para lo cual es esencial incorporar la perspectiva de género y la interseccionalidad como herramientas de análisis para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional”; y el tercero que “al ejercer la función judicial debe mantenerse una conducta respetuosa de los derechos de las personas en todas sus relaciones y no debe incurrirse en discriminación ni violencia en ningún ámbito de actuación”.

Finalmente, con respecto a las nuevas tecnologías, la Cumbre incorporó un artículo que indica que “la judicatura debe ser consciente de la importancia instrumental de las nuevas tecnologías en el ejercicio de la función judicial y de los límites que imponen a su uso los derechos fundamentales de la persona, en particular por cuanto se refiere a la protección efectiva de sus derechos. El uso de las redes sociales por quienes integran el poder judicial no debe comprometer su independencia e imparcialidad ni poner en cuestión la integridad del ejercicio de la función judicial”.