El diputado nacional por La Pampa Abelardo Ferrán, de Unión por la Patria, respondió a las críticas de su par del PRO, Martín Ardohain, por la votación de iniciativas vinculadas con los delitos contra la propiedad y la producción rural. Ferrán rechazó las acusaciones de haber votado contra la penalización del vandalismo rural y sostuvo que el proyecto impulsado por Ardohain establece penas menores que las contempladas actualmente en el Código Penal.

La controversia comenzó luego de que Ardohain cuestionara públicamente a Ferrán por su posición durante el tratamiento legislativo. El diputado del PRO afirmó que su colega había votado en contra de una iniciativa para sancionar el vandalismo rural y vinculó esa postura con la situación que atraviesan las familias productoras.

Ante esos señalamientos, Ferrán aseguró que acompañar un dictamen propio no equivale a oponerse a la penalización de esos delitos. También denunció la difusión de información falsa y cuestionó las críticas realizadas en redes sociales.

La discusión por las penas

Ferrán centró parte de su respuesta en las escalas de castigo previstas en ambas iniciativas. Según explicó, determinadas conductas contra bienes y producciones rurales ya contemplan penas de entre tres y diez años de prisión.

En cambio, señaló que el proyecto presentado por Ardohain, con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR y otros sectores, propone sanciones de entre dos y ocho años para conductas incorporadas en una nueva figura penal.

El legislador peronista advirtió que esa modificación podría reducir las penas aplicables en determinados casos, en lugar de endurecerlas.

En ese sentido, mencionó el artículo 186, inciso 2°, del Código Penal, que contempla delitos vinculados con la destrucción de determinados bienes rurales, como cereales, plantaciones, ganado y cultivos forrajeros, con penas de tres a diez años de prisión.

Según su interpretación, la incorporación del artículo 184 bis propuesta por Ardohain podría generar superposiciones con figuras ya existentes y abrir la posibilidad de aplicar sanciones menos severas.

Ferrán también cuestionó la técnica legislativa de la iniciativa, al considerar que equipara situaciones jurídicas diferentes y no contempla adecuadamente que varias de las conductas mencionadas ya están alcanzadas por disposiciones penales vigentes.

El dictamen de Unión por la Patria

El diputado explicó que su bloque presentó un dictamen alternativo elaborado por Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador, quien ya había impulsado en 2020 una iniciativa relacionada con los delitos cometidos en establecimientos rurales.

La propuesta, denominada proyecto de ley de estragos, daños agravados y protección de infraestructuras críticas y productivas, mantiene penas de tres a diez años de prisión para quienes provoquen incendios, explosiones, inundaciones, derrumbes u otros hechos capaces de generar peligro común.

Además, establece sanciones de entre cinco y quince años cuando exista peligro de muerte para alguna persona o cuando los hechos afecten inmuebles habitados, establecimientos destinados a servicios públicos, archivos, bibliotecas, museos, establecimientos rurales, industriales o productivos e infraestructuras críticas.

El texto también contempla penas de seis a quince años cuando el hecho produzca estrago; de diez a veinte años si provoca la muerte de una persona; y de doce a veinticinco años cuando ocasiona dos o más fallecimientos.

Ferrán sostuvo que la propuesta de su espacio busca reforzar la protección penal de las actividades productivas y de la infraestructura, sin reducir las sanciones que ya contempla la legislación.

Cruce político por las críticas públicas

En su respuesta, el legislador pampeano cuestionó las acusaciones difundidas por Ardohain y las publicaciones posteriores en redes sociales. Afirmó que ese tipo de cuestionamientos contribuye a la desinformación y genera enfrentamientos a partir de interpretaciones que considera falsas.

Por último, defendió el desarrollo de la producción agrícola y ganadera en La Pampa y destacó la importancia de las políticas públicas de acompañamiento al sector.

La discusión dejó expuestas dos propuestas legislativas diferentes para abordar los delitos contra la producción rural, con una controversia centrada tanto en las penas previstas como en el alcance jurídico de las nuevas figuras que se busca incorporar al Código Penal.