Un hombre de 45 años, oriundo de Mendoza, fue condenado a 90 días de prisión efectiva por estafar a un empresario de General Pico mediante la entrega de cheques adulterados utilizados para adquirir un autoelevador y un tráiler valuados en 24 millones de pesos.

La sentencia fue dictada por el juez de control Diego Ambrogetti, en el marco de un juicio abreviado acordado entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal. El acusado, Omar Carim Sesto Gadhade, fue declarado reincidente y la pena quedó compurgada con el tiempo que ya había permanecido detenido con prisión preventiva.

La víctima fue el empresario Néstor Ramiro Campanari, quien había puesto a la venta la maquinaria y concretó la operación de buena fe. La investigación determinó que los cheques utilizados como forma de pago habían sido adulterados y tenían una orden bancaria de no pagar.

Según quedó establecido en la causa, Gadhade había contactado al empresario a comienzos de abril, luego de que Campanari publicara la maquinaria a la venta en septiembre de 2025. El 4 de mayo, el hombre llegó a General Pico a bordo de un automóvil Volvo con vidrios polarizados y concretó el acuerdo.

Antes de firmar el boleto de compraventa, ambos se encontraron en el lugar donde se encontraban depositados los bienes para que el comprador pudiera comprobar su existencia y estado. Luego se acordó la operación por 24 millones de pesos.

Como parte del pago, Gadhade entregó dos cheques de pago diferido, uno por 12,8 millones de pesos y otro por 14,2 millones. Sin embargo, ambos valores estaban adulterados en su numeración y consignaban falsamente que correspondían a una cuenta perteneciente a la firma RAFA SA.

Los cheques tenían una orden de no pagar registrada en el sistema bancario, por lo que Campanari no pudo hacerlos efectivos. Para entonces, el autoelevador y el tráiler ya habían sido retirados y trasladados por una empresa de General Pico hasta San Martín, en Mendoza.

La maniobra incluso generó una diferencia a favor del comprador. Como los cheques entregados superaban en 3 millones de pesos el valor pactado por la maquinaria, Campanari le entregó al imputado un cheque por ese monto.

Durante la investigación se incorporaron como pruebas la denuncia del empresario, los cheques recibidos, el boleto de compraventa, el remito correspondiente al traslado de los bienes y la documentación bancaria que acreditó el rechazo de los valores.

También fueron incorporados informes de la Brigada de Investigaciones, registros de comunicaciones aportados por el damnificado y el testimonio del chofer que realizó el traslado de la maquinaria desde General Pico hacia Mendoza.

En el acuerdo de juicio abreviado, la Fiscalía solicitó además que continúe vigente la orden de secuestro sobre el autoelevador y el tráiler, con el objetivo de recuperar los bienes de los que fue desapoderado el empresario.