General Pico: el Tribunal de Cuentas ordenó a una fundación devolver casi $237 millones por irregularidades

El Tribunal de Cuentas de La Pampa dictó una sentencia contra una fundación de General Pico y ordenó la devolución de cerca de 237 millones de pesos tras detectar múltiples irregularidades en la administración y rendición de fondos públicos recibidos mediante subsidios estatales. Según la resolución, el organismo de control observó deficiencias en la documentación…

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El Tribunal de Cuentas de La Pampa dictó una sentencia contra una fundación de General Pico y ordenó la devolución de cerca de 237 millones de pesos tras detectar múltiples irregularidades en la administración y rendición de fondos públicos recibidos mediante subsidios estatales.

Según la resolución, el organismo de control observó deficiencias en la documentación presentada para justificar el destino de los recursos otorgados, además de inconsistencias en comprobantes y gastos que no pudieron ser debidamente acreditados durante el proceso de revisión.

La sentencia establece que los responsables de la entidad deberán reintegrar de manera solidaria los fondos cuestionados al Estado provincial. El monto reclamado surge de distintas observaciones realizadas sobre subsidios que habían sido entregados para el desarrollo de programas y actividades específicas.

Desde el Tribunal de Cuentas remarcaron que las organizaciones que reciben aportes públicos tienen la obligación de presentar rendiciones claras y respaldadas con la documentación correspondiente, requisito indispensable para garantizar la transparencia en el uso de los recursos estatales.

La resolución se suma a otros fallos emitidos durante los últimos meses contra entidades que recibieron subsidios y no lograron justificar adecuadamente parte de los gastos efectuados con esos fondos. En varios casos, el organismo dispuso cargos económicos y la devolución de sumas observadas durante las auditorías.

Los responsables de la fundación cuentan con las instancias administrativas y judiciales previstas por la legislación para ejercer su defensa, aunque la sentencia representa uno de los reclamos de mayor magnitud económica formulados por el organismo de control provincial en los últimos tiempos.