La Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia intervino ante una situación detectada en General Pico que podría configurar la apropiación ilegal de un niño. El menor fue puesto bajo cuidado y resguardo estatal, mientras el caso quedó en manos de la Justicia.

La situación salió a la luz la semana pasada y tendría como protagonistas a una pareja que habría recibido al niño de parte de su progenitora, en un contexto de vulnerabilidad y a cambio de dinero.

A partir de la intervención del Organismo Municipal de Protección de Derechos, el 3 de septiembre se realizó una denuncia penal. Ese mismo día, la pareja involucrada se presentó ante el Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N° 3 de General Pico con el objetivo de regularizar judicialmente la situación.

El juzgado rechazó el pedido y dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible existencia de un delito relacionado con la apropiación del niño y el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad.

Durante las actuaciones también surgieron elementos que podrían indicar que el nombre del niño habría sido modificado mientras se encontraba bajo el cuidado de la pareja. Esa circunstancia fue informada a la Justicia por su posible vinculación con un delito contra la identidad.

El niño quedó bajo resguardo estatal

Ante la gravedad de la situación, las autoridades adoptaron de manera urgente una medida excepcional prevista por la normativa de protección integral de derechos.

Actualmente, el niño permanece bajo el cuidado y resguardo de un dispositivo estatal especializado, mientras avanza la investigación judicial para determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades correspondientes.

Desde la Subsecretaría remarcaron que las entregas directas de niñas y niños entre particulares, por fuera de los procedimientos establecidos legalmente, no constituyen una vía válida para determinar vínculos de filiación o adopción y pueden configurar conductas delictivas.

Cómo debe realizarse una adopción

El organismo recordó que los procesos de adopción requieren la intervención de los organismos competentes y de la autoridad judicial, además de la inscripción previa en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

Las autoridades advirtieron que cualquier procedimiento realizado al margen de estas vías puede vulnerar derechos fundamentales de niñas y niños, especialmente el derecho a la identidad y el interés superior del niño.

La investigación continuará ahora bajo intervención judicial, mientras los organismos de protección mantienen el resguardo del menor y trabajan para garantizar sus derechos.