En el marco de una jornada nacional de protesta por la situación crítica que atraviesa el sistema de atención a personas con discapacidad, familias, organizaciones e instituciones se manifestaron en Santa Rosa y General Pico para exigir respuestas urgentes y denunciar el ahogo económico que pone en riesgo la continuidad de los servicios.
En Santa Rosa, la convocatoria tomó la forma de una caravana por el centro de la ciudad, encabezada por el centro educativo terapéutico Espacio Solar. Su titular, Mirtha Portales, explicó que la movilización surgió de una reunión con familias y profesionales preocupados por la situación. “Nuestra principal preocupación es el pago de las prestaciones. En el nomenclador los valores no aumentan desde hace seis meses, y el último fue del 0,8% o 0,5%. Es insostenible”, expresó.
Portales advirtió que mantener la calidad del servicio es cada vez más difícil. “Todos los que atienden a los chicos son profesionales. Hay que pagar sueldos, mantener la infraestructura, y los precios siguen subiendo, pero nuestros ingresos son los mismos de hace meses”, indicó. Además, recordó que hay otras instituciones aún más comprometidas, especialmente aquellas que deben pagar alquiler.
“Estamos resistiendo, pero no sabemos por cuánto tiempo más”, dijo con preocupación. También denunció demoras y congelamientos en los pagos de las prestaciones, incluso en casos de personas con pensión por discapacidad, y criticó las nuevas exigencias burocráticas que complican aún más el acceso a derechos. “Piden informes interminables para renovar certificados. Incluso con diagnósticos claros como síndrome de Down, exigen todo como si hubiera que justificar lo evidente”, afirmó.
En General Pico, la protesta se desarrolló frente al Palacio Municipal y estuvo encabezada por la Fundación De Tu Mano, acompañada por la Fundación La Rosa, el grupo Padres TEA y otras agrupaciones. La titular de De Tu Mano, Andrea Álvarez, sostuvo que atraviesan el peor momento desde la creación de la institución. “Los aranceles no están actualizados en el nomenclador nacional. Además de eso, las obras sociales retrasan o rechazan autorizaciones, vulnerando derechos”, señaló.
Álvarez informó que la fundación cuenta con cuarenta profesionales y que ya han tenido que advertir a las familias sobre la posibilidad de no poder continuar. “Esto no es nuevo, pero en los últimos meses se agravó. Siempre fuimos autónomos, nunca pedimos nada, pero ahora estamos en nuestro peor momento”, aseguró.
Federico Juan, responsable de la Fundación La Rosa, advirtió que muchas familias están desesperadas. “Sus hijos no pueden acceder a las terapias. Algunas viven el día a día, y en muchos casos la situación se vuelve insostenible”, lamentó.
Ambas protestas coincidieron en reclamar la aprobación de una ley de emergencia en discapacidad y la actualización urgente del nomenclador nacional, frente a un escenario donde las instituciones ya no pueden garantizar la atención y miles de personas ven vulnerados sus derechos esenciales.