Un diputado provincial y la intendenta de General San Martín, ambos referentes del PRO, retiran mensualmente medicación gratuita del sistema público de salud pampeano para un familiar paciente de Salud Mental, mientras cuestionan al gobierno provincial y respaldan a nivel nacional políticas que avanzan sobre el desmantelamiento del Estado y la salud pública.

El caso expone una fuerte contradicción política. Dirigentes que avalan recortes y ajustes impulsados desde la Casa Rosada reclaman en la provincia respuestas, medicamentos y garantías de derechos que las propias decisiones que apoyan niegan en el plano nacional.

“Hay una doble mirada muy evidente. Exigen a la provincia soluciones que el gobierno nacional no ofrece, pero al mismo tiempo respaldan políticas que debilitan la salud pública pampeana”, sostuvo el médico Norberto Rovera, director del hospital de General San Martín. El profesional confirmó que el matrimonio conformado por el diputado Lucas Lazaric y la intendenta Jésica Sibert “solicita y retira todos los meses medicación sin cargo para un familiar que se atiende en el sistema público provincial”.

Rovera explicó que la legislación vigente prioriza a pampeanas y pampeanos, y que la residencia certificada es un requisito clave para garantizar el acceso prioritario a los recursos del sistema. “Mientras no se acrediten los plazos de residencia legal, la persona no debería reclamar medicación en la provincia”, señaló.

Según se pudo confirmar, el familiar de Lazaric y Sibert, proveniente de otra provincia y paciente de Salud Mental, comenzó su tratamiento en La Pampa hace aproximadamente un año. Posteriormente realizó el cambio de domicilio, por lo que actualmente es considerado residente pampeano. “Se lo atiende en el hospital cuando es necesario y la familia retira todos los meses la medicación de manera gratuita”, precisó Rovera.

La situación adquiere mayor relevancia política debido a que el diputado Lazaric sostiene públicamente las políticas nacionales que desfinanciaron y redujeron áreas sensibles como Salud Mental. “Es una clara doble vara: acompañan el desmantelamiento del sistema de salud, pero cuando necesitan respuestas para un familiar recurren al Estado provincial”, advirtió el director del hospital.

En paralelo, en los últimos días cuatro diputadas provinciales de la oposición solicitaron la renuncia del subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Malgá, tras la muerte de una mujer que era paciente del sistema. El hecho se encuentra bajo investigación judicial. Las legisladoras Gisela Cuadrado (UCR), Sandra Fonseca (Comunidad Organizada), Noelia Viara y Celeste Rivas (PRO-MID) argumentaron que el episodio expone fallas estructurales del sistema provincial.

Viara y Rivas comparten bloque legislativo con Lazaric. En la denuncia presentada en la Legislatura afirmaron que “el Estado provincial tiene la obligación indelegable de garantizar un sistema de salud mental que funcione, prevenga, acompañe y proteja”, una postura que contrasta abiertamente con el respaldo que esos mismos sectores brindan a políticas nacionales que recortan recursos y debilitan la salud pública.

La paradoja vuelve a quedar expuesta: se exige a la provincia lo que se niega desde Nación, se reclama un Estado presente mientras se impulsa su retirada, y se cuestionan funcionarios locales mientras se defienden decisiones que afectan de manera directa a los mismos derechos que se invocan.