El avance del sistema de juicio por jurados en distintas provincias volvió a instalar el debate en La Pampa, donde especialistas sostienen que la implementación tendría un impacto presupuestario mínimo y permitiría fortalecer la participación ciudadana en la Justicia.

El doctor Andrés Harfuch, integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), aseguró que el mecanismo “ha demostrado un éxito total” en las provincias donde ya funciona y consideró que el Estado nacional aún tiene pendiente cumplir con el mandato constitucional vigente desde 1853.

“El juicio por jurados es un símbolo de la democracia y de la república”, afirmó en diálogo con LA ARENA, y explicó que la demora en su aplicación responde a la persistencia histórica de estructuras judiciales heredadas del sistema inquisitorial.

Harfuch señaló que el proceso avanzó principalmente desde las provincias y recordó que actualmente ya existen quince jurisdicciones argentinas con leyes de jurados populares. En ese contexto, indicó que en La Pampa ya comenzaron conversaciones preliminares para evaluar su posible implementación.

El especialista remarcó que el objetivo inicial sería comenzar con delitos graves, especialmente homicidios y algunos casos de abuso sexual, para luego ampliar gradualmente la competencia del sistema.

“En Argentina decidimos arrancar por los delitos más graves para consolidar la experiencia y avanzar con el pie derecho”, explicó.

Según detalló, la Constitución Nacional establece que “todos los crímenes” deben ser juzgados por jurados, aunque aclaró que en la práctica se busca una aplicación progresiva para evitar sobrecargar al sistema judicial.

En relación al costo económico, Harfuch rechazó los cuestionamientos sobre un supuesto gasto excesivo y aseguró que se trata de “uno de los grandes mitos” alrededor del sistema.

“En todas las provincias donde analizamos la implementación, el juicio por jurados representa apenas el 0,06 por ciento del presupuesto judicial”, sostuvo.

De acuerdo con las estimaciones realizadas por el Inecip, en una provincia como La Pampa podrían realizarse entre 10 y 12 juicios por jurados al año en una primera etapa.

El especialista también recordó que luego del retorno democrático de 1983 comenzaron las reformas que permitieron abandonar los procesos completamente escritos y avanzar hacia juicios orales, escenario que abrió el camino para discutir la incorporación de jurados populares.

“Las constituciones latinoamericanas fueron pensadas bajo ideales republicanos y de división de poderes, pero muchas veces la práctica institucional quedó lejos de esos principios”, analizó.

Finalmente, insistió en que el sistema no sólo fortalece la transparencia judicial, sino que además promueve una participación directa de la sociedad en decisiones trascendentes vinculadas a la administración de Justicia.