El conductor de una camioneta Volkswagen Amarok quedó imputado por provocar un triple choque el viernes por la noche en la ruta provincial 101, a pocos kilómetros de General Pico. Se trata de Juan Pablo Redondo, de 45 años, quien además fue inhabilitado de manera provisoria para conducir.

Según la investigación, Redondo intentó un sobrepaso en plena curva y con doble línea amarilla mientras se dirigía desde Speluzzi hacia General Pico. La maniobra derivó en un violento choque frontal con un Chevrolet Aveo en el que viajaba una pareja de Metileo junto a su nieto de 6 años. A raíz del impacto, el Aveo colisionó con un Renault Logan que circulaba detrás de la camioneta. Como consecuencia, una mujer que conducía el Logan sufrió una fractura en una pierna y debió ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital Gobernador Centeno.

Causa penal y medidas judiciales

Tras el siniestro, Redondo fue detenido y se le formalizó una investigación fiscal preparatoria en una audiencia llevada adelante en los Tribunales de General Pico, a cargo del juez de control Heber Pregno. Participaron el fiscal Guillermo Komarofky, especializado en delitos contra las personas, y el defensor privado Fernando Bardín.

La Justicia lo imputó por lesiones graves agravadas por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria, por violación de señales de tránsito y por obrar con culpa temeraria, además de lesiones leves culposas en cuatro hechos, en concurso ideal. El juez dispuso también la inhabilitación provisoria de Redondo para conducir durante el tiempo que dure la investigación.

Pericias y avances en la investigación

En el lugar del accidente trabajaron efectivos de la Comisaría Primera y de la Agencia de Investigación Científica, que realizaron peritajes y mediciones para determinar con precisión la mecánica del choque. El Servicio de Emergencias Médicas trasladó a los heridos al hospital, donde la conductora del Logan fue intervenida por la fractura.

El fiscal Komarofky adelantó que la Fiscalía se opondrá a que el acusado acceda a una “suspensión del proceso a prueba”, considerando la gravedad de los hechos y el riesgo que implicó su conducta temeraria.