La jefa comunal de Intendente Alvear, Agustina García, fue denunciada por “ocultar el manejo de los fondos públicos” en una presentación realizada ante el Superior Tribunal de Justicia, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el gobernador Sergio Ziliotto y el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández.

La denuncia fue impulsada por el periodista y vecino Victorino García, quien sostuvo que la presentación se enmarca en el “incumplimiento sistemático de la Ley Provincial 3.571 de Acceso a la Información Pública”. Según detalló, desde junio de 2025 viene solicitando sin éxito información vinculada a la escala salarial de la intendenta, secretarios y concejales.

De acuerdo a lo expuesto, el plazo legal para responder a ese tipo de requerimientos es de 30 días hábiles, pero la contestación oficial recién llegó cinco meses después y sin incluir los datos solicitados. Para el denunciante, esa conducta configura una “denegación tácita” y una violación al principio de transparencia. “No se trata de un olvido administrativo, sino de un patrón de conducta que busca ocultar el manejo de los fondos públicos”, afirmó.

En su presentación, García también señaló que revisó los boletines oficiales del Poder Ejecutivo y constató que durante el último año la localidad recibió alrededor de 1.200 millones de pesos provenientes de distintos organismos provinciales. Entre ellos mencionó al Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales, el IPAV, el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, la Dirección Provincial de Vialidad, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el Ministerio de la Producción, el Poder Legislativo, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Energía y Minería y el Poder Judicial.

“Ante la negativa de informar los sueldos desde junio de 2025, solicito que se audite si estos fondos extraordinarios fueron desviados para el pago de haberes de la planta política o gastos de representación no declarados”, expresó. Finalmente, sostuvo que será la Justicia la encargada de determinar las eventuales responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios involucrados en lo que definió como un bloqueo sistemático al acceso a información pública.