La intendenta de Intendente Alvear, Agustina García, salió a responder las acusaciones judiciales y públicas realizadas por el periodista local Victorino García, difundidas en LA ARENA. El vecino había denunciado a la jefa comunal por un supuesto ocultamiento de fondos públicos ante el Superior Tribunal de Justicia, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y mediante presentaciones dirigidas al gobernador Sergio Ziliotto y al ministro Pascual Fernández.

A través de un comunicado difundido en las redes oficiales del municipio, García detalló los recursos que ingresaron a la localidad durante 2025. Enumeró aportes por 110 millones de pesos del IPAV; 74 millones del Ministerio de Desarrollo Social; 20 millones correspondientes al Plan Nutrir; 106 millones destinados a atender catástrofes; 15 millones del Programa Médico de Pueblo; 128 millones para el hospital local; 131 millones para transporte escolar rural; 139 millones vinculados a programas habitacionales; 13 millones para el sistema de bombeo cloacal; 218 millones orientados a la mejora del parque automotor, con obligación de reintegro según el programa; y 148 millones provenientes de programas sociales, culturales, viales, energéticos y subsidios provinciales.

En su descargo, la intendenta afirmó que gobernar con transparencia implica decir la verdad aun cuando se intente instalar un clima de sospecha. En relación al pedido de información salarial realizado por el denunciante, explicó que el municipio no se encuentra adherido a la Ley de Acceso a la Información Pública y sostuvo que no puede hablarse de incumplimiento de una norma que no rige en la jurisdicción local.

García rechazó además las acusaciones sobre fondos extraordinarios con presunto desvío y señaló que se trata de partidas de asignación específica enviadas por la Provincia para fines concretos. Remarcó que dichos recursos se encuentran reflejados en balances públicos y cuentan con aprobación legislativa conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades.

Finalmente, la jefa comunal consideró preocupante que se utilicen normas que no se aplican a los municipios para denunciar supuestos incumplimientos inexistentes y calificó de mala fe la interpretación que equipara aportes provinciales específicos con fondos ocultos. Según expresó, no existe ocultamiento cuando los recursos están debidamente asignados, controlados y aprobados por los mecanismos institucionales vigentes.