El Congreso fue escenario de un intenso debate sobre la situación de la obra pública en Argentina. La Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados convocó a funcionarios provinciales para discutir el estado de las infraestructuras viales y la parálisis de proyectos financiados por Nación. Sin embargo, la ausencia del secretario de Obras Públicas, Luis Enrique Giovine, y del administrador de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, desató una ola de críticas contra el Gobierno de Javier Milei.
La falta de inversión y los reclamos provinciales
Uno de los discursos más contundentes fue el del ministro de Obras y Servicios Públicos de La Pampa, Alfredo Intronati, quien denunció la falta de compromiso de la administración nacional con las provincias. “Desde el 10 de diciembre de 2023, el Gobierno abandonó las obras públicas y dejó a las provincias a la deriva”, afirmó. Destacó que, en La Pampa, la gestión del gobernador Sergio Ziliotto tuvo que asumir la finalización de las obras que debián ser culminadas por el gobierno Nacional, aunque las rutas nacionales quedaron inconclusas. “Hay 1.479 kilómetros de rutas abandonadas que representan un grave peligro para los ciudadanos”, agregó.
El jefe de la Dirección de Vialidad provincial, Santiago Chaer, advirtió sobre las consecuencias de esta inacción. “Una obra vial es como una casa: si no se mantiene, se deteriora rápidamente. Si no se toman medidas urgentes, más de la mitad de las rutas provinciales se verán perjudicadas en poco tiempo porque son las alternativas a las nacionales”, alertó.
Ausencias y señales políticas
La reunión estuvo marcada por la falta de representantes del Gobierno nacional, lo que generó un fuerte malestar entre los legisladores de la oposición. José Herrera, presidente de la comisión, ironizó: “Dicen que no vinieron por cuestiones de agenda, pero la obra pública está detenida, así que no sé cuál será su prioridad”.
Germán Martínez, líder del bloque de Unión por la Patria, consideró la ausencia como una señal política. “Está claro que estos funcionarios no tienen intención de solucionar el problema. Ignorar la crisis en la infraestructura del país es una decisión política”, sostuvo.
Por su parte, el diputado mendocino Julio Cobos alertó sobre los riesgos del deterioro vial. “El gobierno subestima que una ruta en mal estado genera muertes. Hoy tenemos el doble de víctimas fatales en accidentes de tránsito que por homicidios”, subrayó. También señaló el impacto económico del problema: “En un país donde el transporte se basa casi exclusivamente en rutas, el costo de traslado de mercancías sube y afecta directamente a los precios que pagan los consumidores”.
Reclamos de gremios y especialistas
La crisis en la obra pública también preocupa a sindicatos y expertos en infraestructura. Ricardo Lasca, del Comité Nacional en Defensa del Usuario Vial (Conaduv), propuso reasignar el fondo de impuestos al combustible para financiar la recuperación de rutas. “Más de 5.000 personas mueren al año en accidentes que podrían evitarse con mejores carreteras. Es urgente tomar medidas”, señaló.
Desde el Sindicato de Trabajadores Viales, Ana María Aleña cuestionó el manejo de los recursos. “Alguien debería explicar qué pasó con los 344 millones de pesos que no llegaron a Vialidad”, denunció. Además, advirtió sobre el desfinanciamiento de la entidad y el riesgo de su disolución.
El secretario general de ATE-Vialidad, Pablo Zelaschi, fue aún más tajante: “El 80% de las rutas del país serán intransitables si seguimos con este modelo de privatización encubierta. Estamos volviendo al sistema de los años 90, que fracasó y solo benefició a la patria contratista”.
Por su parte, María Florencia Cañabate, del Sindicato de Peajes, reveló que numerosos trabajadores de Caminos del Río Uruguay serán despedidos sin indemnización en abril. “Vialidad nos dijo que no tienen competencia en el tema, pero es evidente que el desmantelamiento del sector está en marcha”, denunció.
Conclusión
El encuentro dejó en claro que la paralización de la obra pública es un problema estructural con graves consecuencias económicas y sociales. A pesar de las críticas y los reclamos, el Gobierno nacional sigue sin dar respuestas concretas, lo que genera preocupación tanto en las provincias como en los sectores afectados. Mientras tanto, el Congreso buscará avanzar con un pedido de interpelación para que los responsables de Obras Públicas expliquen la situación y presenten soluciones.