La Fundación Faro Argentina, vinculada a referentes de La Libertad Avanza, quedó en el centro de la polémica tras una investigación que advierte sobre millonarios gastos en publicidad política sin que existan registros públicos sobre el origen de sus fondos.

El informe, publicado por el sitio Chequeado, señala que la organización destinó 1.079 millones de pesos —unos 821 mil dólares— a campañas en Facebook e Instagram entre 2025 y 2026, a través de la plataforma “Ratio Oficial”. Sin embargo, no habría presentado balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ), como exige la normativa vigente.

La fundación tuvo entre sus principales autoridades al diputado nacional por La Pampa, Adrián Ravier, quien fue presentado como director académico en su lanzamiento en noviembre de 2024. En ese evento participaron el presidente Javier Milei y el director ejecutivo de la entidad, Agustín Laje.

De acuerdo al relevamiento, “Ratio Oficial” realizó más de 15 mil publicaciones en redes sociales, catalogadas por la plataforma Meta como publicidad política o electoral. Este volumen de inversión la ubicó como la segunda cuenta con mayor gasto en este tipo de contenidos, solo por detrás de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

El informe también advierte que la actividad de la fundación se desarrolla sin transparencia financiera, ya que no se conoce el origen de los recursos utilizados ni si hubo aportes del exterior. Según se indicó, ni las autoridades de la entidad ni sus directivos respondieron a consultas sobre sus mecanismos de financiamiento o sus ingresos.

Además, se señala que parte del contenido difundido estuvo orientado a respaldar iniciativas del Gobierno nacional, como la reforma laboral, así como a cuestionar a dirigentes opositores en distintos distritos del país.

Especialistas en derecho administrativo recordaron que las fundaciones tienen la obligación de presentar sus estados contables de manera anual ante la IGJ. El incumplimiento de este requisito puede derivar en sanciones y en la pérdida de la personería jurídica.

La investigación también ubica a la Fundación Faro como un actor relevante dentro de la estrategia de comunicación digital del oficialismo, en el marco de lo que sus propios referentes denominan “batalla cultural”, impulsada a través de redes sociales con fuerte inversión económica.