Lascámaras de vigilancia de la zona captaron a los funcionarios judiciales acusados de violar la cuarentena mientras salían casi a la medianoche de la casa donde se reunieron. Más de tres horas después del horario permitido.
Los jueces Miguel Vagge, Pablo Balaguer y el fiscal general Guillermo Sancho quedaron en unaposición incómoda, al menos complicada. También el empresario Carlos Ruiz y el abogado Marcelo Molín. Las cámaras de seguridad de la zona de la casa de Balaguer los captaron saliendo en sus autos de ese domicilio, el pasado día del amigo, 20 de julio, cerca de la medianoche, según confirmaron fuentes judiciales a El Diario.
De esta forma, quedaría prácticamente comprobado que ese día, cuando los encuentros sociales y de amigos en la provincia estaban permitidos solo hasta las 20 por la cuarentena vigente ante la pandemia del coronaviurs, se habrían juntado a comer un asado hasta cerca de la medianoche, violando las restricciones impuestas por el gobierno provincial.
El empresario achense Ruiz resultó positivo de coronavirus. Con los datos que brindó en el seguimiento epidemiológico de su caso, el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, presentó una denuncia penal. También se aisló a los participantes del encuentro en forma preventiva, aunque luego se comprobó que no resultaron contagiados.
El juez Vagge y Ruiz fueron los únicos que dieron una versión pública del hecho, cuando admitieron que se juntaron a compartir “un picada” y estimaron que se fueron de la casa de Balaguer poco después de las 20, máximo 20.30. El gobierno provincial echó a un funcionario que estuvo presente en el encuentro –Pedro Arcuri- y se presentó como querellante en la causa.Los funcionarios judiciales solo pueden ser removidos en sus cargos a través de un jury de enjuiciamiento.
Este miércoles una fuente con acceso al expediente reveló que se abrieron la filmación de las cámaras de vigilancia de la zona. Los vehículos que estuvieron estacionados esa noche en la casa de Balaguer recién se retiraron poco antes de la medianoche.
“Ruiz se retiró en su Ranger 4×4, el fiscal Sancho en una Tucson y el abogado Molín en una VW Touareg”, precisaron las mismas fuentes.
“La camioneta de Ruiz salió por la calle Palacios hacia los departamentos de Argentino Valle donde vive Arcuri y desde ahí tomó rumbo a General Acha”, mencionaron.
En cambio, Molín se dirigió hacia la calle San Jorge, dónde tiene el domicilio. Y Sancho hacia la calle Sucre, donde vive Vagge. El fiscal después subió a la ruta 5 y se marchó hacia su casa.
La medida de prueba se cumplió en las últimas horas. La semana pasada la jueza de Control, Florencia Maza, la había suspendido hasta resolver algunas presentaciones de los involucrados.
Como la investigación sigue su curso y el fiscal Andrés Torino fue confirmado al frente del expediente –lo había recusado la Provincia pero fue rechazada esa pretensión-, se peritaron las filmaciones.
El fiscal además secuestró teléfonos celulares de los acusados, entre otras medidas.
El fiscal Andrés Torino quedó a cargo de la investigación después de que el primer fiscal de la causa, Maximiliano Paulucci, se apartara por la relación de amistad que mantiene con su colega, Sancho.
Los jueces Miguel Vaggue y Pablo Balaguer, el fiscal general Guillermo Sancho, el empresario Carlos Ruiz y el abogado Marcelo Molín, ya hicieron una oferta de reparación a través del pago de una multa. Pero la fiscalía les respondió que es prematuro para resolver esa oferta.
En la causa el estado provincial se presentó como querellante, manifestando así un especial interés para que se tome una medida ejemplificadora para que la población respete las medidas preventivas tomadas en el marco de la pandemia del coronavirus. El fiscal general que controla la causa, Marcelo Amado, cuestionó esta decisión del gobernador Sergio Ziliotto.
El abogado José Mario Aguerrido aclaró que el intento de reparación de manera alguna implica una admisión de culpabilidad. En caso de que no se acepte la reparación, los involucrados pidieron la “nulidad” de la denuncia.
El abogado explicó a este diario que la presentación apunta a utilizar un recurso que se denomina “principio de oportunidad” y que “no implica la admisión de culpabilidad”. “Esta es una salida legal. No es que el que tiene plata hace lo que quiere”, alegó. La cifra ofrecida como reparación fue de 20 mil pesos por cabeza.
Fuente y foto: ElDiarioDeLaPampa