El Gobierno de La Pampa presentó una medida cautelar urgente ante la Corte Suprema de Justicia por el déficit previsional, debido a la imposibilidad de continuar financiando con recursos propios el sistema jubilatorio tras el corte total de los aportes nacionales desde el 10 de diciembre de 2023. En respuesta, el máximo tribunal convocó a una audiencia entre las partes.

La provincia reclama los fondos que la Nación debe transferir en virtud del Pacto Fiscal de 1999 y la Ley 27.260, normas que establecen la obligación del Estado nacional de cubrir el déficit previsional. Según el gobierno pampeano, se trata de una situación inédita, ya que ninguna gestión anterior había incumplido con ese compromiso.

Desde que asumió Javier Milei, el Instituto de Seguridad Social (ISS) ha sido sostenido por el presupuesto provincial y, en menor medida, por aportes de los municipios. Solo en 2025, la Provincia destinará 145 mil millones de pesos para cubrir el déficit, de los cuales el 11% proviene de fondos municipales.

Tras la presentación judicial, la Corte Suprema convocó a una audiencia entre la Nación y La Pampa. El encuentro se realizará el 5 de noviembre a las 11 horas en la sede del tribunal, dentro del ámbito de la Secretaría de Juicios Originarios. El fallo establece que la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte, en virtud de los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.

El gobernador pampeano celebró la decisión a través de sus redes sociales, calificándola como “un paso más fruto del compromiso con las y los pampeanos”. Aseguró que insistirán “en la legalidad del reclamo y en la urgencia de recuperar los recursos que nos pertenecen y que el Gobierno Nacional nos niega”.

Desde Casa de Gobierno destacaron el momento en que se conoció la resolución judicial: “Parece que los cortesanos tomaron nota del resultado del domingo”, en referencia al triunfo del peronismo en las elecciones legislativas.

En paralelo, el Poder Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley destinado a garantizar el pago de salarios, jubilaciones y aguinaldos, así como la prestación de servicios esenciales en salud, educación y asistencia social. La iniciativa propone autorizar al Ejecutivo a reestructurar partidas presupuestarias para afrontar estas obligaciones hasta el 31 de diciembre.

El Gobierno provincial advirtió que el incumplimiento nacional y la recesión económica provocaron una fuerte caída de los ingresos. Se estima que para fin de año el monto total recaudado será de 1,74 billones de pesos, un 12% menos que los 1,99 billones previstos en el Presupuesto 2025.

“La Pampa ha mantenido una economía ordenada y logró sostener la prestación de los servicios públicos, pero se vuelve imposible continuar cubriendo los abandonos y deudas del Estado Nacional sin comprometer la estabilidad financiera”, señalaron desde el Ejecutivo.

Por ese motivo, la provincia pidió a la Corte Suprema que ordene al Gobierno Nacional cumplir de manera inmediata con sus obligaciones previsionales, y solicitó al Poder Legislativo las herramientas transitorias necesarias para garantizar los pagos esenciales.