Una joven de 25 años presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue la atención que recibió en el Centro de Salud de La Humada, al considerar que una presunta mala praxis y la medicación que le fue indicada derivaron en la pérdida del embarazo que cursaba.

La presentación fue realizada el 29 de junio en la dependencia policial de la localidad. Según la denuncia, la mujer transitaba un embarazo de siete semanas y cinco días cuando, el 24 de junio por la noche, comenzó con un abundante sangrado vaginal y acudió de inmediato al centro asistencial.

De acuerdo con su relato, en una primera consulta fue atendida por un enfermero que se comunicó telefónicamente con el médico de guardia. La denunciante sostuvo que el profesional consideró que el sangrado no revestía gravedad y no la examinó personalmente, por lo que regresó a su domicilio.

Al día siguiente, debido a que el cuadro persistía y el sangrado se había intensificado, volvió al establecimiento sanitario. En esa oportunidad fue revisada por el médico de guardia, quien le practicó un tacto vaginal. La joven afirmó que no recibió información precisa sobre el estado del embarazo y aseguró que, tras el examen, el sangrado aumentó y comenzó a expulsar coágulos.

Siempre según la denuncia, durante la atención no se le realizaron estudios como análisis de sangre o una ecografía, ni tampoco fue derivada a un centro de mayor complejidad para una evaluación especializada.

La mujer también manifestó que posteriormente le indicaron retirar una medicación compuesta por Naproxeno e Hioscina. Según explicó, más tarde le advirtieron que esos fármacos no eran adecuados durante el embarazo, por lo que decidió suspender su consumo.

Ante la continuidad del cuadro, la joven viajó junto a familiares al Hospital Teodoro J. Schestakow, de San Rafael, Mendoza. Allí fue sometida a estudios y, posteriormente, a un legrado uterino. Según consta en su denuncia, los profesionales le informaron que el embarazo ya se había perdido antes de su ingreso al establecimiento.

Además de solicitar que se investigue la atención médica recibida, la denunciante aseguró que datos vinculados a su estado de salud fueron divulgados sin su consentimiento por personal del Centro de Salud, situación que, según sostuvo, vulneró el secreto profesional y le provocó un importante perjuicio emocional.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en Victorica, que deberá determinar cómo se desarrolló la atención médica y si existieron responsabilidades en los hechos denunciados.