El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa desestimó la demanda presentada por un grupo de trabajadores de la Dirección General de Rentas contra una resolución del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que modificó la distribución del premio estímulo. Con esta decisión, la Justicia confirmó la validez del acto administrativo y rechazó el reclamo de compensación económica.
El fallo, emitido por la Sala C del STJ, estuvo a cargo de los jueces María Verónica Campo y Eduardo Fernández Mendía. La causa se originó cuando los apoderados de 57 empleados y empleadas impugnaron la Resolución 169/22, que disminuyó el porcentaje de participación de Rentas en la recaudación bruta de impuestos y tasas.
Los demandantes argumentaban que, históricamente, percibían un 4,5‰ del total de los tributos (exceptuando el impuesto inmobiliario, del cual recibían el 1‰), y que la modificación los perjudicó. Según su planteo, parte de esos fondos fueron redistribuidos a otras áreas de la administración pública sin justificación válida.
El argumento del Estado
Por su parte, la fiscal de Estado, Romina Schmidt, defendió la legalidad de la medida y explicó que el Ministerio de Hacienda y Finanzas tiene facultades para ajustar los coeficientes de participación. Según la respuesta oficial, el decreto 2579/90 ya establecía que dichos coeficientes podían modificarse conforme a las necesidades presupuestarias y operativas del Estado.
Además, el fallo subrayó que el premio estímulo es una retribución variable, determinada por el marco normativo vigente, y no un derecho adquirido de carácter inmutable. También se mencionó que la adecuación buscaba corregir desbalances en la asignación de recursos, especialmente entre Rentas y otras dependencias como Catastro, Tesorería y Contaduría.
Fundamentos del fallo
El STJ concluyó que la impugnación carecía de sustento y que la resolución ministerial fue dictada dentro del marco legal. Los jueces señalaron que el ajuste no vulneró derechos constitucionales y que la redistribución del premio estímulo se fundamentó en criterios presupuestarios y operativos.
Si bien reconocieron que los empleados podían considerar legítimo su reclamo, el tribunal decidió imponer las costas en el orden causado, dividiendo los gastos judiciales entre ambas partes.
Un fallo que reivindica la gestión de Ernesto Franco
La sentencia también tuvo una repercusión política, ya que terminó respaldando la decisión adoptada por el entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Ernesto Franco, quien implementó la redistribución del premio estímulo.
La medida había generado un fuerte conflicto con el personal de Rentas, que impulsó un “quite de colaboración”, afectando el funcionamiento del área y generando reclamos de diversos sectores profesionales. El desgaste provocado por esta disputa fue uno de los factores que llevaron a Franco a dejar su cargo, siendo reemplazado por Guido Bisterfeld.
Sin embargo, con el fallo del STJ, la Justicia terminó dándole la razón, ratificando que la modificación del premio estímulo fue legítima y ajustada a derecho.