Tuvo lugar hoy una nueva sesión ordinaria de la Cámara de Diputados y Diputadas de La Pampa, presidida por la vicegobernadora, Alicia Mayoral, y fue aprobado el Presupuesto para el Ejercicio Financiero 2027.
En primer término, fue aprobada por mayoría, con el desempate de Alicia Mayoral, la ley Impositiva para el Ejercicio Financiero 2027.
Daniel Lovera explicó que “la ley impositiva tiene como objeto principal establecer las soluciones concretas bajo las cuales se van a aplicar los impuestos provinciales, determinando las alícuotas, las escalas, importes mínimos, cuotas fijas, bonificaciones y demás parámetros necesarios para liquidar y recaudar los impuestos provinciales en el marco de las disposiciones del Código Fiscal”.
Lovera advirtió que el proyecto debe analizarse teniendo en cuenta “la contracción de la actividad económica, la caída del consumo y el deterioro de los ingresos de las familias y de los sectores productivos”, factores que, según indicó, repercuten directamente sobre la capacidad contributiva y la recaudación de las provincias.
A ese escenario sumó “la caída en términos reales de los recursos provenientes de la coparticipación federal y el objetivo del Estado Nacional de desprenderse de responsabilidades que históricamente contribuían al financiamiento de la caja previsional, al sostenimiento de las políticas públicas y de la infraestructura”.
“Frente a todo este escenario, las fuentes de recaudación de origen provincial adquieren realmente una sustancial relevancia para evitar, por un lado, el endeudamiento y el déficit fiscal”, sostuvo. Y agregó: “La Pampa tiene que administrar con responsabilidad sus recursos, preservar su autonomía financiera y garantizar la continuidad del pago de salarios y jubilaciones, y nada más y nada menos que también de las prestaciones de todos los servicios esenciales”.
Sobre los objetivos de la iniciativa, afirmó que “el proyecto de la Ley Impositiva 2027 procura sostener la capacidad de financiamiento provincial, preservar la previsibilidad tributaria y también los criterios de equidad, progresividad y simplificación administrativa, buscando no trasladar indiscriminadamente el peso del esfuerzo fiscal a los sectores productivos y a los contribuyentes cumplidores”.
En materia de producción agropecuaria, remarcó que el proyecto mantiene el criterio de no gravar las mejoras fundiarias en los impuestos inmobiliarios rural y subrural. “Esto lo que busca es incentivar la inversión directa en tecnología y en estructura para optimizar la explotación agropecuaria y aumentar la productividad de la tierra”, explicó.
Otro de los puntos abordados fue la incorporación de un régimen simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos, articulado con el monotributo nacional. “Esta iniciativa lo que hace es buscar facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellos que son pequeños contribuyentes”, señaló. Y agregó que apunta a “reducir la carga administrativa y evitar que las exigencias formales se conviertan en un obstáculo para quienes desarrollan actividades económicas de menor escala”.
En el tramo final de su intervención, Lovera sostuvo que “la herramienta tributaria debe encontrar una sintonía con toda la sociedad pampeana”. En ese sentido, expresó: “No podemos desconocer las dificultades que atraviesan las familias, los comerciantes, los productores y las empresas, del mismo modo que tampoco podemos eludir las responsabilidades que tiene la provincia y la necesidad de contar con recursos para poder sostenerlas”.
Por otro lado, Enrique Juan sostuvo el Ejecutivo “habla permanentemente” de generar empleo, pero que ese objetivo “no se traduce en medidas concretas” para aliviar la carga impositiva. “Cuando se trata de impulsarlo a través de menos impuestos, eso no sucede”, planteó.
En ese sentido, cuestionó las prioridades de la administración provincial: “En esta provincia no importa cuánto tiempo tarda en abrir un comercio, pero sí importa que Rentas cobre a tiempo”.
El legislador también apuntó contra lo que consideró una “falta de responsabilidad” propia del Gobierno frente a los problemas económicos. Según expresó, el Ejecutivo provincial suele atribuir las dificultades a las decisiones del Gobierno nacional, sin “hacerse cargo” de sus propias políticas.
“Parece que en La Pampa hay una imposición para todo, pero nunca es responsabilidad propia”, fue el planteo de Juan durante su exposición.
En tanto, Maximiliano Aliaga también cuestionó la política tributaria del Gobierno provincial Sostuvo que, en lugar de “avanzar con medidas para aliviar la carga” sobre quienes trabajan y producen, la respuesta del Ejecutivo es “trasladarles el peso” de los impuestos.
Mayoral también definió el Presupuesto
Más adelante, y en el mismo sentido, con desempate de la vicegobernadora y presidenta de esta Cámara, fue aprobada por mayoría la ley del Poder Ejecutivo, por el cual eleva Presupuesto General de gastos y cálculo de recursos para el Ejercicio Financiero 2027.
Daniel Lovera expuso los principales lineamientos del proyecto de Presupuesto 2027 y defendió la planificación económica del Gobierno provincial. Durante su intervención, destacó la previsión de recursos para sostener los servicios esenciales, la política salarial, la obra pública y el acompañamiento a los sectores productivos y los municipios.
Al referirse a las proyecciones macroeconómicas, señaló que el presupuesto fue elaborado sobre los parámetros establecidos por la Administración Nacional: una variación del Producto Bruto Interno del 4%, una inflación interanual del 18% a diciembre de 2027 y un tipo de cambio oficial estimado en $1.847.
Sin embargo, advirtió sobre el escenario que enfrentan las provincias. “Detrás de estas pautas técnicas se esconde lamentablemente una realidad que es exigente para las provincias argentinas”, expresó. También cuestionó el modelo económico nacional, al que vinculó con la retracción de la actividad privada y el consumo interno, la paralización de la obra pública federal y la quita de transferencias.
Frente a ese contexto, consideró necesario contar con un presupuesto que permita responder ante escenarios adversos, preservar el equilibrio financiero sin recurrir al endeudamiento y proteger las funciones esenciales del Estado, como salud, educación, seguridad y justicia.
En cuanto a las cifras generales, Lovera indicó que el proyecto fija gastos por $3,283 billones para la Administración Central y los organismos descentralizados. Los recursos estimados ascienden a $3,186 billones, complementados con un financiamiento neto cercano a los $97.000 millones y un resultado de ejercicios anteriores de casi $45.000 millones.
El legislador destacó que los recursos corrientes, de origen provincial y nacional, representan el 93,34% del total. Por el lado de las erogaciones, el 79,64% corresponde a gastos corrientes, que incluyen salarios, bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de hospitales, escuelas, comisarías y oficinas públicas. Los gastos de capital representan el 20,36%.
Sobre la política salarial, remarcó que representa cerca del 40% del presupuesto y está orientada a proteger el poder adquisitivo de los trabajadores estatales. También valoró que se mantengan abiertas las instancias de negociación paritaria y los mecanismos de actualización vinculados con la evolución de los precios.
“La importancia de los recursos humanos del Estado no se agota solo en la masa salarial y en la cantidad de gente que lo integra, como a veces se dice, sino que también debemos poner en valor las políticas orientadas a quienes desempeñan esas funciones”, sostuvo.
En educación, Lovera señaló que el área concentra el 25,6% del presupuesto provincial. Para 2027, el proyecto contempla la creación de 29 cargos docentes y 305 horas cátedra, además de recursos para el funcionamiento cotidiano del sistema, el mantenimiento de edificios escolares, limpieza, refrigerio, transporte y becas estudiantiles.
También mencionó la incorporación de cargos vinculados con las estructuras de educación inclusiva y domiciliaria y hospitalaria, destinados a facilitar el acceso a la educación de niños y jóvenes con discapacidad o que atraviesan situaciones de enfermedad.
En salud, indicó que el área representa el 14,1% de las erogaciones. Destacó una asignación superior a los $62.000 millones para la compra de medicamentos, productos médicos y hospitalarios, además de fondos para nuevas ambulancias y equipamiento.
También mencionó los recursos previstos para el centro oncológico, con el objetivo de mejorar el acceso a tratamientos especializados sin que los pacientes deban trasladarse fuera de la provincia. En ese punto, vinculó las inversiones con la retracción de programas nacionales que contribuían a la provisión de medicamentos e insumos médicos.
Lovera agregó que el presupuesto contempla el financiamiento de las residencias médicas, luego de que el Gobierno nacional decidiera discontinuar su aporte a partir del próximo año.
En materia de obra pública, indicó que el 12% del presupuesto total está destinado a infraestructura. Entre las prioridades mencionó la construcción de viviendas sociales en las 80 localidades pampeanas, obras de agua potable y saneamiento, desagües pluviales, renovación de redes cloacales y mantenimiento de rutas y caminos.
Por último, destacó las inversiones en “infraestructura educativa y sanitaria”, entre ellas los hospitales de Santa Isabel y La Adela, nuevos centros de salud, un depósito de medicamentos y la construcción y refacción de cinco centros de día.
Le dio continuidad al debate la diputada Sandra Fonseca que advirtió sobre una situación de “anomalía” en el sistema de seguridad provincial, al considerar que “carece de una ley integral” que ordene su funcionamiento. También mencionó la falta de una ley de deporte como otro indicador de carencias institucionales y señaló “falencias en las políticas” de cuidado de las niñeces.
Espartaco Marín apuntó contra los bloques opositores y sostuvo que existe una “contradicción” entre reclamar obras al Gobierno provincial y mantener una “alianza política” con la administración nacional, a la que responsabilizó por el desfinanciamiento de la obra pública.
“Están en un acuerdo programático, y eso implica reconocerlo. Hay costos de defender el modelo”, expresó.
En esa línea, consideró que para cuestionar el Presupuesto provincial es necesario contemplar el contexto económico y político nacional. “Exigirle al Gobierno provincial obras es ser contradictorio. Para contextualizar una crítica a este Presupuesto, hay que reconocer que están aliados a un Ejecutivo nacional que ahoga a la provincia”, afirmó.
Dos posturas ideológicas
Por su parte, María Luz Alonso planteó que el debate enfrenta “dos concepciones ideológicas y económicas antagónicas”. En ese sentido, marcó una diferencia entre el oficialismo y la mayoría de los bloques opositores: “La diferencia que hay en nuestro bloque y la mayoría de la oposición es que nosotros nos hacemos cargo de nuestros errores”.
Alonso definió al Presupuesto como una hoja de ruta en la que se establecen las prioridades políticas y económicas del Gobierno, aunque advirtió que “no puede analizarse de manera aislada”. Y sostuvo que la caída de los recursos y de las transferencias nacionales no automáticas “impactó en las cuentas provinciales” y pidió discutir el proyecto contemplando ese escenario.
“Pongamos todo arriba de la mesa y discutamos un proyecto de previsiones con las películas completas”, expresó.
También aseguró que la Nación le debe a La Pampa $420.000 millones y sostuvo que, si esos fondos ingresaran a la Provincia, “la obra pública se duplica”.
La legisladora afirmó que el Gobierno provincial tuvo dos caminos: “quedarse en la crítica o sostener su propio esquema de gestión”. En ese marco, recordó que “La Pampa recibió apenas un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) en tres años y medio”.
“Para nosotros, mejor que decir es hacer”, sostuvo. Además, defendió la autonomía provincial y señaló que esa política permite que los legisladores y el gobernador no tengan que “arrodillarse”, concluyó.
Los 15 legisladores del FREJUPA votaron favorablemente el dictamen, todos los bloques opositores lo rechazaron y la vicegebernadora definió con su voto a favor de la iniciativa.
Ciento ocho mil millones más para pagar sueldos y aguinaldos
Posteriormente, se aprobó por mayoría la ley del Poder Ejecutivo, por la cual solicita la ampliación de las partidas de recursos y erogaciones, aprobadas por la ley N° 3.637 – ley de Presupuesto Ejercicio 2026.
Lovera defendió el proyecto de ley que amplía las partidas de recursos, erogaciones y financiamiento del Presupuesto General de la Administración Provincial para el ejercicio 2026. Sostuvo que la iniciativa busca adecuar las previsiones presupuestarias al escenario económico actual y garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
El proyecto contempla un incremento de $108.600 millones en el total de erogaciones. Para ello, prevé ampliar el cálculo de recursos en $100.600 millones e incorporar otros $8.000 millones en concepto de financiamiento.
Lovera explicó que la modificación responde a un contexto económico diferente al que se había considerado cuando se sancionó el presupuesto. Mencionó la caída de los recursos de origen nacional, la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de los costos estatales y el deterioro de la actividad económica.
También advirtió sobre la caída del empleo privado en La Pampa y su impacto en los ingresos, la producción y las condiciones de vida de las familias. Frente a ese escenario, consideró que el “Estado provincial debe asumir un papel activo para sostener la actividad, preservar el empleo y garantizar los servicios que demanda la sociedad”.
Entre las principales obligaciones que busca atender la ampliación presupuestaria, mencionó el pago de salarios de los trabajadores estatales y los compromisos del Instituto de Seguridad Social, particularmente las jubilaciones y pensiones.
Otro de los puntos centrales de la iniciativa es la posibilidad de “utilizar transitoriamente recursos afectados a la Administración Central y organismos descentralizados”, siempre bajo las condiciones previstas por la ley y con la obligación de restituirlos cuando se disponga de los recursos generales.
Lovera recordó que se trata de una “herramienta” que ya había sido aprobada por la Legislatura durante el ejercicio anterior.

