El Gobierno de La Pampa puso en marcha el Programa Provincial de Capacitación en Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, una iniciativa que busca formar a más de 20 mil agentes, funcionarios y funcionarias de los tres poderes del Estado y que también puso en el centro del debate la prevención de las vulneraciones de derechos y la respuesta frente a adolescentes en conflicto con la ley.

El lanzamiento se realizó en el Centro Cultural Medasur y contó con la participación del gobernador Sergio Ziliotto, la vicegobernadora Alicia Mayoral, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Hugo Díaz, y autoridades de los tres poderes del Estado, quienes también participaron de la capacitación.

La presentación estuvo a cargo del ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez, quien explicó que la Provincia decidió asumir la capacitación que debía desarrollarse en el marco de un programa federal establecido por la Ley Lucio y que, según señaló, quedó paralizado con la llegada de la actual gestión nacional.

“Creo que estamos ante un hecho histórico para la provincia de La Pampa”, sostuvo Álvarez y remarcó la importancia de que la formación en materia de infancia atraviese al conjunto de la administración pública.

El ministro recordó que en 2023 se habían puesto en marcha los primeros módulos del programa federal, pero que con el cambio de gestión nacional “lo dejó sin efecto”.

“Hoy estamos sin un programa federal de capacitación”, afirmó. Frente a esa situación, y luego de los reclamos realizados ante Nación, el Gobierno pampeano resolvió avanzar con una propuesta propia.

Una capacitación obligatoria y permanente

La nueva formación será instrumentada a través del Programa de Capacitación para los Agentes de la Administración Pública (Procaap) y tendrá carácter obligatorio, permanente y continuo.

La propuesta contempla cuatro módulos virtuales de aproximadamente 16 horas cada uno, con una vigencia de dos años. Luego de ese período se renovarán los contenidos. También se incorporarán situaciones prácticas para que los participantes puedan analizar y resolver casos relacionados con la vulneración de derechos.

Álvarez explicó que la iniciativa forma parte de una política provincial que busca consolidar el cambio de paradigma establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061: dejar atrás la concepción de los niños como objetos de tutela para reconocerlos como sujetos de derechos.

“Cuando hablamos de sujeto de derecho hablamos de un niño, una niña que tiene derechos, que tiene la capacidad de que nosotros lo vayamos interpretando progresivamente, de que lo empecemos a tomar y a tener en cuenta con todas las garantías que tiene el Estado”, señaló.

En ese recorrido, mencionó políticas provinciales vinculadas con las infancias, entre ellas ProVida y “X+Derechos”, además de la jerarquización de las áreas de infancia del Ministerio de Desarrollo Social.

También cuestionó las políticas adoptadas por el Gobierno nacional. Según afirmó, Nación dejó de ejecutar 28 programas destinados a niñas, niños y adolescentes, redujo los equipos especializados y llevó “prácticamente a cero” el presupuesto de distintas políticas. Además, cuestionó la desactivación del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia y la interrupción del Plan Nacional de Primera Infancia.

“Creo que eso hoy lo volvemos a sentir, volvemos a sentir la soledad de seguir trabajando solos sin un Gobierno Nacional que nos acompañe”, planteó.

Herrera: “Cuando caés en el derecho penal, ya perdiste como sociedad”

La jornada también contó con la participación de la especialista en derecho de infancia Marisa Herrera, quien fue una de las capacitadoras del programa y puso el foco en la necesidad de fortalecer la prevención y evitar que la respuesta estatal frente a los adolescentes se limite al ámbito penal.

“Cuando uno conoce, cuando uno realmente sabe lo que pasa en la realidad, es cuando realmente se anima a poder transformarla y cambiarla”, afirmó.

Herrera sostuvo que la prevención debe ocupar un lugar central en las políticas públicas y llamó a revisar los nuevos desafíos que atraviesan a niños, niñas y adolescentes, desde las distintas formas de violencia hasta el impacto del entorno digital.

También señaló como espacios fundamentales para detectar situaciones de vulnerabilidad a las escuelas, el sistema de salud y las familias.

Entre las problemáticas que generan preocupación ubicó además el aumento de los suicidios adolescentes. “Hablar de que los chicos no tengan esperanza, porque el suicidio es eso, la falta de esperanza, creo que es un dato elocuente que nos debe interpelar”, expresó.

La especialista también cuestionó el nuevo régimen penal juvenil y advirtió sobre los riesgos de que el Estado concentre su respuesta en la sanción.

“Que a los pibes tu única respuesta sea justamente la sanción penal, ir desde el ámbito penal, creo que es la peor respuesta que se puede dar”, sostuvo.

Herrera planteó además que varias provincias podrían no estar preparadas para afrontar la implementación del nuevo esquema y expresó preocupación por las condiciones en las que serán alojados los adolescentes y por la disponibilidad de equipos profesionales capacitados.

“Van a terminar los chicos en comisarías, van a terminar chicos en instituciones que no están formadas, con gente que no está capacitada”, alertó.

En ese sentido, vinculó la situación con la falta de recursos para desarrollar políticas preventivas y de acompañamiento.

“Si no hay plata y el Estado argentino, el Gobierno Nacional no baja plata, ¿cómo vamos a hacer para hacer efectiva esa ley?”, planteó.

Y advirtió: “Va a terminar siendo un depósito de chicos, aquellos chicos que el propio Estado no pudo también acompañar”.

La pregunta por lo que ocurrió antes

Para Herrera, una política de infancia no puede comenzar cuando el adolescente ya ingresó al sistema penal. Consideró necesario mirar hacia atrás y analizar las situaciones que atravesó ese joven antes de llegar a esa instancia.

“La pregunta es qué pasó antes con estos chicos. ¿De qué familias vienen? ¿Qué pasó antes? ¿Víctimas de violencia, víctimas de abandono? Bueno, ahí es donde tiene que estar el Estado”, afirmó.

En ese contexto, reivindicó el papel de la Ley Lucio como herramienta para instalar una mirada preventiva y ampliar la capacidad estatal para detectar vulneraciones de derechos.

“La Ley Lucio tiene que poner eso en el centro de la escena”, sostuvo.

También valoró el proyecto enviado por el gobernador Sergio Ziliotto a la Legislatura pampeana para adecuar la respuesta provincial frente al nuevo escenario del régimen penal juvenil.

“Ojalá que la Legislatura acá en La Pampa lo apruebe”, expresó.

Herrera destacó además el desarrollo legislativo que tiene la provincia en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes y consideró que La Pampa podría convertirse en una referencia para otras jurisdicciones que deberán afrontar los cambios introducidos por el nuevo régimen.

Una política transversal para todo el Estado

El objetivo de la Provincia es que la perspectiva de derechos no quede limitada a los organismos que trabajan específicamente con la niñez, sino que sea incorporada por quienes desarrollan tareas en los distintos ámbitos del Estado.

“Capacitar a agentes, funcionarios y funcionarias de los tres poderes del Estado significa poder regresar y tener otra mirada como Estado. Un Estado que mira, un Estado que escucha, un Estado que interviene y un Estado que actúa”, afirmó Álvarez.

El Superior Tribunal de Justicia manifestó su voluntad de adherir al programa, mientras que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y el Tribunal de Cuentas ya comunicaron su adhesión. La Cámara de Diputados deberá avanzar con el tratamiento correspondiente.

La iniciativa fue planteada como un proceso permanente y no como una capacitación aislada. La intención es actualizar conocimientos y prácticas para que el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos no quede únicamente establecido en las leyes, sino que se traduzca en las intervenciones cotidianas de los organismos estatales.

El mensaje que atravesó la jornada quedó resumido en la advertencia de Herrera sobre la necesidad de actuar antes de que los conflictos lleguen a la Justicia penal: “Cuando caés en el derecho penal, ya hay que decir que vos ya perdiste en algún punto como sociedad”.