En un duro pronunciamiento, la Franja Morada de La Pampa reclamó este jueves la urgente aprobación de la nueva Ley de Financiamiento Universitario y exigió que el Congreso Nacional active el tratamiento legislativo el próximo 2 de julio. “Ya no hay excusas”, advirtieron en un comunicado donde apuntan directamente contra el presidente Javier Milei y los sectores que sostuvieron el veto presidencial a la ley aprobada en 2024.
El documento completo
Venimos a hablar claro. Porque la situación de las universidades públicas argentinas ya no admite dilaciones, ni ambigüedades, ni falsas excusas.
Durante el 2024 impulsamos una Ley de Financiamiento Universitario que fue debatida, enriquecida y finalmente aprobada en el Congreso Nacional. Pero el presidente Javier Milei decidió vetarla. Luego, los héroes de la decadencia permitieron sostener dicho veto.
Este año presentamos un nuevo proyecto. Uno que no solo conserva los derechos y recursos conquistados, sino que también responde a cada una de las objeciones formales que el Poder Ejecutivo señaló en su veto. El principal cambio: esta nueva ley establece con precisión de dónde saldrá el dinero. Ya no hay excusas. Si antes dijeron que no porque no estaba claro el financiamiento, ahora el financiamiento está explícito, transparente y garantizado. Las excusas del Gobierno de Javier Milei ya no tienen consistencias.
Cualquier proyecto de país, incluso el más ultraliberal, necesita recursos humanos formados para sostener su desarrollo. Sin profesionales capacitados no hay industria, ni innovación, ni productividad posible. Es por eso que el rumbo que propone el actual gobierno carece de sentido si no contempla la profesionalización de cada área productiva. La universidad pública garantiza ese capital humano, y sin su fortalecimiento, no hay modelo de país que pueda sostenerse.
Desde Franja Morada Regional La Pampa, exigimos que el Congreso Nacional, el próximo 2 de julio, emplace a las comisiones correspondientes para que dictaminen el proyecto y se habilite su tratamiento urgente en el recinto. No hay excusas de licencia por enfermedad, ni agenda de viajes que valga. Ese día hay que estar. Porque la universidad pública ya no tiene más tiempo.
1. Reclamamos la inmediata aprobación de una Ley de Financiamiento Universitario
Este proyecto no nace de un capricho ni de una trinchera partidaria. Es el resultado del trabajo conjunto entre el Consejo Interuniversitario Nacional, los gremios docentes y no docentes, y la Federación Universitaria Argentina. Participamos en su redacción porque creemos en una universidad con presupuesto previsible, crecimiento sostenido y derechos garantizados para toda la comunidad.
La ley es clara, equilibrada y técnicamente sólida. Establece que el financiamiento estará vinculado a los ingresos reales del Estado. Fija una asignación proporcional de la Coparticipación Federal, y prevé que los fondos para becas y carreras estratégicas provengan exclusivamente de excedentes presupuestarios. No compromete el equilibrio fiscal. Al contrario: lo fortalece. ¿De qué manera? Comunicando a la sociedad argentina en qué utiliza el Estado Nacional el ahorro financiero que se arroga a partir de los brutales ajustes en todas las áreas sensibles de la comunidad argentina, los fondos para docentes, obras públicas y lo que le corresponde a cada provincia. No es gasto. Es inversión.
Y además, propone un sendero progresivo de aumento del presupuesto universitario: del 1,1 % del PBI en 2025 al 1,5 % en 2030. Le da previsibilidad al Estado y a las universidades, permite planificar, proyectar y crecer.
2. Defendemos el sistema de becas como herramienta de equidad
En nuestro país la educación superior no es un privilegio, es un derecho. Pero sin becas, sin conectividad y sin políticas de permanencia, ese derecho es apenas una formalidad escrita en papeles.
Hoy las becas Progresar y Manuel Belgrano están prácticamente bloqueadas sin explicación. Miles de estudiantes de todo el país se ven forzados a abandonar sus carreras por razones económicas. Las que están vigentes tienen montos irrisorios. No cubren ni siquiera una veinteava parte de los costos reales de estudiar.
Exigimos la reapertura inmediata de las becas y su actualización a valores razonables. Esta ley lo contempla. Y lo hace con racionalidad: atando el financiamiento de las becas al crecimiento de la recaudación nacional. Si el país crece, los estudiantes crecen. Si hay excedente, se invierte en educación.
3. Sostenemos los reclamos de toda la comunidad universitaria
Los salarios docentes han perdido un 30 % de su poder adquisitivo.
Los y las no docentes ya no llegan a fin de mes. Los laboratorios recortan insumos. Las becas de investigación se caen. Los concursos se frenan. Las universidades no saben si podrán pagar la luz el mes que viene.
Nos solidarizamos con los gremios docentes y no docentes, y acompañamos a las autoridades universitarias en cada reclamo que defienda la integridad del sistema. Porque defender a la universidad pública es defender el derecho de millones, y también defender la democracia.
4. La universidad es parte del entramado productivo del país
Detrás de cada proceso industrial que mejora, hay una universidad. Detrás de cada vacuna, cada sistema de riego, cada tecnología que abarata costos y genera empleo, hay un científico o una científica formada en nuestras aulas, trabajando en un laboratorio público.
Hoy esos centros están siendo vaciados. Las investigadoras y los investigadores pagan la cuenta del ajuste con su vocación. Se les quitan recursos, se cierran programas, se desacredita su trabajo.
Este gobierno pretende hacernos creer que invertir en conocimiento es un despilfarro. Que pensar el futuro es un gasto. Nosotros decimos lo contrario: no hay país posible sin ciencia. No hay soberanía sin tecnología. No hay industria sin universidad.
5. No hay más tiempo
Desde nuestras infancias recordamos los permanentes reclamos de nuestra comunidad, gobierno tras gobierno. Desde hace una década, las becas no alcanzan. La infraestructura nunca fue la ideal. El problema no empezó con Milei. Pero la brutalidad con la que se lesiona al sistema educativo, científico y tecnológico hoy no tiene antecedentes.
La universidad pública necesita certezas presupuestarias. Necesita políticas de Estado, no castigos ideológicos. Necesita voluntad política para seguir formando profesionales, desarrollando ciencia, generando oportunidades.
Este 2 de julio es una fecha bisagra. Si el Congreso no actúa, si no se emplazan las comisiones, si no se trata la ley, lo que sigue es el colapso. Y si aún con todas las objeciones respondidas el Gobierno nacional vuelve a oponerse, entonces deberá hacerse cargo frente a la historia.
Porque ya no hay excusas.
Y porque nosotros no esperamos más.
Vamos a seguir luchando por una universidad gratuita, inclusiva, de calidad y con presupuesto. Porque ahí se juega el presente y el futuro de la Argentina.