Micaela Cuta vivió uno de los episodios más traumáticos de su vida en diciembre de 2017, cuando su vivienda en Villa Santillán fue incendiada intencionalmente por su entonces pareja, el militar Brian Ezequiel Carra. Uno de sus hijos estaba dentro de la casa al momento del siniestro. Carra fue condenado a cinco años de prisión por el hecho, pero tras cumplir su pena busca ahora revincularse con sus hijos, algo que la mujer rechaza de forma categórica: “Mis hijos no quieren verlo, él intentó matarlos”, expresó con preocupación.
El caso no se limita a ese episodio. Cuta denunció que, años antes, Carra había golpeado a su hijo pequeño, provocándole la pérdida de la visión en un ojo. Tras el incendio, el menor desarrolló una enfermedad neurológica que compromete su otro ojo. Las dos hijas de la mujer también arrastran graves secuelas psicológicas.
Desde entonces, la madre ha buscado reconstruir su vida y brindar contención a sus hijos, hoy de 10, 12 y 13 años. Sin embargo, afirma que ha enfrentado dificultades incluso para percibir beneficios sociales. “El año pasado dejé de recibir la Asignación Universal por Hijo y la asignación por discapacidad. Desde la Defensoría Civil Nº2 me dijeron que él, al estar registrado como trabajador en blanco, solicitaba la revinculación. Mis hijos no lo quieren, no usan su apellido, le tienen miedo”, explicó.
Cuta también denunció falta de respuesta institucional. “El contacto con la defensoría es esporádico, me escriben por WhatsApp cada varios meses y cuando voy a la oficina me hacen relatar mi historia en la sala de espera, sin privacidad ni contención”, relató.
Señaló, además, que fue presionada por personal de esa dependencia para permitir el vínculo con Carra. “Me dijeron que era la única forma de volver a recibir las asignaciones. Pero yo trabajo, cuido adultos mayores y tengo una regalería en mi casa. No dependo del Estado, pero sostener a tres chicos cuesta mucho. El padre no pasa manutención”, afirmó.
Actualmente, los menores asisten a terapia y cuentan con informes psicológicos, médicos y escolares que respaldan el rechazo al contacto con su progenitor. “Me acusan de obstruir el vínculo, pero son ellos quienes no quieren verlo. No es un capricho. Necesito protegerlos”, dijo entre lágrimas.
La mujer también reveló que Carra intentó contactarse con una de sus hijas a través de redes sociales, lo que generó alarma. Por este motivo, ayer acudió al Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad, donde le informaron que se evaluará una medida de restricción de contacto con los menores.
Por su parte, el defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, Juan Pablo Meaca, confirmó que la madre será convocada hoy para ser asesorada legalmente sobre cómo rechazar formalmente la revinculación. Además, indicó que el caso está siendo abordado por distintas áreas del Estado, y que cualquier decisión sobre un eventual acercamiento deberá estar respaldada por evaluaciones profesionales especializadas.