La decisión del Gobierno nacional de eliminar el sistema de compensación económica para pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con enfermedades oncológicas generó fuerte preocupación entre organizaciones sociales y entidades vinculadas al sector.
Uno de los cuestionamientos más duros fue expresado por Mario Lonegro, presidente de la Fundación Madre Teresa de La Pampa, quien calificó la medida como “un nuevo golpe” para las personas que dependen de estos beneficios.
La eliminación del régimen fue oficializada mediante una resolución de la Secretaría de Transporte nacional, que dejó sin efecto el mecanismo por el cual el Estado reintegraba a las empresas de larga distancia parte del costo de los boletos gratuitos.
A pesar de ello, la normativa mantiene vigente la obligación de las compañías de continuar otorgando pasajes sin cargo a los grupos alcanzados por la legislación nacional, bajo supervisión de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Lonegro advirtió que, incluso antes de la eliminación del fondo, acceder a los pasajes gratuitos ya se había vuelto cada vez más complicado.
Según explicó, desde el año pasado comenzaron a multiplicarse las dificultades para conseguir boletos, con cupos limitados y menor acceso a la información sobre disponibilidad de viajes.
“El problema es que ahora las personas deberán negociar directamente con las empresas en situaciones de enorme desigualdad”, sostuvo.
El referente de la ONG también remarcó que Argentina adhirió a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual establece obligaciones concretas para garantizar igualdad de acceso al transporte y otros servicios esenciales.
En ese sentido, cuestionó la visión del Gobierno nacional respecto a las políticas públicas vinculadas a discapacidad y señaló que las personas con mayores necesidades de cuidado suelen afrontar gastos mucho más altos que el resto de la población.
Además, reveló que distintas organizaciones comenzaron a reunir testimonios de familias afectadas por los recortes y evalúan avanzar con presentaciones judiciales y pedidos políticos contra funcionarios nacionales.
Entre las medidas analizadas, mencionó la intención de impulsar un pedido de juicio político contra el ministro de Salud, Mario Lugones, aunque aclaró que para ello necesitan respaldo legislativo.
Lonegro también expresó preocupación por el impacto social de las políticas de ajuste y consideró que muchas de las decisiones adoptadas por el Gobierno terminan afectando directamente la vida cotidiana de personas en situación de vulnerabilidad.
Finalmente, sostuvo que el deterioro de derechos vinculados a salud, discapacidad y asistencia social debería generar una mayor discusión pública sobre el rol del Estado y las consecuencias concretas de las decisiones políticas.