En el día de ayer, durante la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la ciudad de Santa Rosa, se aprobó por mayoría un proyecto de resolución de la autoría del concejal Mariano Alfageme (Fre.Ju.Pa.) en el cual rechazamos como bloque la puesta en venta de terrenos nacionales con fines de privatización.
“El 24 de octubre pasado, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso mediante el Decreto N° 950/2024 la enajenación de cientos de inmuebles propiedad del Estado Nacional. En el mismo, se enumeran más de 400 propiedades públicas distribuidas a lo largo del país que serán puestas a la venta y establece los plazos y condiciones. El Decreto habilita la privatización acelerada de propiedades públicas, favoreciendo la especulación inmobiliaria, quitándole al Estado Nacional la posibilidad de hacer uso de estas tierras con una finalidad social y en beneficio de la comunidad toda. Cabe aclarar que este decreto se encuadra en las facultades delegadas al gobierno nacional mediante la denominada “Ley Ómnibus”, explicó en un comunicado el edil.
“Entre las propiedades públicas a enajenar se encuentran edificios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de la empresa Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A. (INTeA S.A.) y del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, todos ellos ubicados en la CABA. En el caso de los primeros, en pleno funcionamiento y con trabajadores/as y técnicos/as cumpliendo tareas cotidianamente”.
“En La Pampa las propiedades públicas a enajenar de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto son dos grandes polígonos: uno ubicado en la localidad de Sarah y otro en nuestra ciudad. Los terrenos ubicados en Santa Rosa suman unas 27 hectáreas linderos al predio donde se proyectó la construcción de la nueva terminal de ómnibus de la ciudad, cuyo proyecto quedó trunco con el triunfo del actual gobierno y la paralización de la obra pública nacional”.
“Entendiendo el marco de crisis habitacional que vivimos en la ciudad de Santa Rosa, como en muchas otras urbes de nuestro país, situación agravada en los últimos meses por la imposibilidad de acceder a un crédito hipotecario, a una vivienda social o a un alquiler compatible con los ingresos de una familia tipo dada la desregulación de los contratos provocada por la derogación de la Ley de Alquileres, el Estado Nacional, en el uso de sus facultades, podría ceder estas tierras públicas a la provincia de La Pampa o al Municipio de Santa Rosa, para la concreción de proyectos urbanísticos con finalidad social”.
En el marco de la sesión de ayer, los bloques de UCR, PRO y CO votaron en contra de rechazar esta venta y privatización de terrenos. Al igual que sus pares en el Congreso de la Nación, que votaron a favor de delegar indiscriminadamente facultades al Presidente, las y los concejales locales actuaron con la certeza de que el Estado debe dejar de tener recursos propios y regirse bajo las leyes del mercado. Incluso adujeron que no hay tal crisis habitacional y que no existe una dificultad en la obtención de alquileres, sosteniendo que no debe regularse el mercado inmobiliario porque “se regula solo, como la naturaleza”.
“Esto deja ver lo obvio: tienen el mismo pensamiento que el gobierno libertario respecto a que la garantía de los derechos no son responsabilidad del Estado; que existe una clara intención de desprotección a los sectores trabajadores y que no consideran el acceso a la vivienda como un derecho humano básico”.
Reafirmamos que el Estado Nacional está obligado a garantizar estos derechos. Que el acceso al techo no debe ser una odisea donde impere la ley de la selva que deja en una posición de vulnerabilidad a quienes pretenden alquilar. No existe un acuerdo de partes libre cuando una tiene una relación de poder sobre la otra, cuando una es propietaria de más de una propiedad y la otra necesita alquilar a toda costa un techo para vivir. Sin protección y garantías, sin políticas estatales que regulen el acceso a la vivienda, sólo se logra profundizar la problemática”, concluyó.