Integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresaron una fuerte preocupación por el dictamen de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, al advertir que no solo mantiene sin cambios el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo —al que ya consideraban insuficiente— sino que además incorpora un artículo que busca derogar la Ley de Financiamiento Universitario por simple mayoría.

Desde los espacios universitarios recordaron que dicha ley fue aprobada con mayoría agravada y que su ejecución se encuentra actualmente pendiente de resolución judicial. En ese marco, exhortaron a los legisladores que acompañaron la norma a sostener su postura: “Este dictamen no corresponde, es una provocación innecesaria y empuja a la comunidad universitaria y científica del país a una crisis aún más profunda que la actual”.

Asimismo, advirtieron que, de avanzar el proyecto en estos términos, “es imposible que las universidades públicas puedan desarrollar con normalidad todas sus actividades durante 2026”, alertando sobre un escenario de colapso presupuestario y salarial.

La preocupación también fue manifestada por las autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa, que a través de sus redes sociales señalaron que el Presupuesto 2026 “es la oportunidad de defender nuestro futuro”. Desde la casa de estudios afirmaron que la propuesta del Gobierno Nacional profundiza el vaciamiento del sistema universitario y de la ciencia argentina.

En ese sentido, detallaron que el presupuesto universitario se redujo un 46,4% desde 2023 hasta la actualidad y que, de aprobarse la iniciativa oficial, en 2026 se sumaría una nueva caída del 3,5% respecto de 2025. “Así, las universidades y la ciencia no pueden funcionar”, sostuvieron, y remarcaron que el sistema necesita al menos un 61% más de presupuesto para sostenerse.

Finalmente, señalaron que la recomposición salarial docente y nodocente, el financiamiento de proyectos de investigación estratégicos, las obras de infraestructura, la compra de equipamiento y el sostenimiento del sistema de becas dependen de una decisión política clara. “Defender el sistema universitario es defender un orgullo nacional y el derecho de más de dos millones de estudiantes a una educación pública, gratuita y de calidad”.