Desde el proyecto de extensión universitario (PEU) Juntas para Empoderar, Formar y Multiplicar y hacia una autonomía integral de víctimas y sobrevivientes del sistema prostituyente y Juntas Para ser Libres, pedimos el tratamiento del proyecto de Ley de acceso a la vivienda para mujeres víctimas y/o sobrevivientes del sistema prostituyente en situación de vulnerabilidad social”. Este 8 de marzo se cumple un año de su ingreso con el número de registro 9/23 en la comisión de Legislación Social y Salud Pública de la legislatura provincial.
“El actual contexto de severo ajuste afecta fundamentalmente a las mujeres de sectores populares, en particular aquellas que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad, por ello urge el tratamiento legislativo”, señalaron en un comunicado,
“Esta iniciativa legislativa, elaborada por el PEU adhiere a la abolición del sistema prostituyente, una corriente de pensamiento jurídico feminista que considera la prostitución como violación a los derechos humanos de las mujeres, atentando su dignidad y la libertad; como un fuerte impedimento para conseguir la igualdad sexual”.
“Dado que uno de los fines del abolicionismo es reconocer derechos a las víctimas y sobrevivientes del sistema prostituyente, desde el PEU desarrollamos una medida de acción positiva trascendental: la elaboración y presentación de un proyecto de ley de un cupo mínimo habitacional para mujeres e identidades feminizadas, víctimas y/o sobrevivientes del sistema prostituyente”.
En su primer artículo refiere al objeto del proyecto, buscando garantizar a la mujer o identidad feminizada víctima y/o sobreviviente del sistema de prostituyente en situación de vulnerabilidad social, el ejercicio pleno y en condiciones de igualdad de sus derechos y libertades, garantizando el acceso a una vivienda digna.
“Este proyecto de acceso a la vivienda, es parte de una estrategia temporal destinada a remover situaciones, prejuicios, comportamientos y prácticas culturales y sociales que impiden a este grupo social desvalorado o discriminado, alcanzar una situación real de igualdad de oportunidades”.
“En la iniciativa se establece que la autoridad de aplicación, será el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) en colaboración con la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad (SMGD) de la provincia”.
“La SMGD, será encargada de evaluar a las postulantes a través de sus equipos interdisciplinarios y corroborar la condición de vulnerabilidad social declarada por las personas comprendidas y que se hayan inscripto como víctimas y/o sobrevivientes del sistema prostituyente, que carezcan de vivienda o residan en una vivienda deficitaria por deterioro, obsolescencia, hacinamiento, y/o falta total o parcial de ambientes, locales, o instalaciones básicas, para que las víctimas que superen con éxito el informe socio-ambiental, puedan lograr ser adjudicatarias”.
“A su vez, la función asignada a la autoridad de aplicación en el proyecto es promover el derecho de las mujeres, o identidades feminizadas, víctimas de todo tipo de violencia que genera el sistema de explotación sexual y en situación de vulnerabilidad social, a tener un nivel de vida adecuado, articulando los mecanismos necesarios para el acceso a la vivienda”.
“Es sororidad y no paternalismo lo que practica el abolicionismo; es reconocerlas como iguales, y como iguales que son, clamamos por su libertad. Y luchamos conscientes de que somos compañeras de la misma lucha; la lucha contra la opresión del patriarcado”, finalizaron.