Hoy se realizó, en el Superior Tribunal de Justicia, una reunión entre magistrados y funcionarios judiciales y provinciales, con el fin de seguir avanzando en la implementación del nuevo Procedimiento Penal para Adolescentes que entrará en vigencia el 1 de agosto próximo.
La puesta en funcionamiento de la ley 3353, que reemplazará a la 1270 y por la cual se modificará el régimen penal para los menores de 16 y 17 años, implicará una refuncionalización de cargos, la adecuación de las nuevas competencias jurisdiccionales y la aplicación del sistema de justicia restaurativa, entre otras transformaciones.
Esos fueron algunos de los temas abordados por la comisión –conformada específicamente para analizar esta temática– en el encuentro que encabezaron los ministros del STJ, Fabricio Luis Losi y Hugo Oscar Díaz, integrantes de la Sala Penal del Alto Tribunal.
También asistieron el procurador general, Mario Oscar Bongianino; los fiscales generales Guillermo Sancho, Máximo Paulucci y Armando Agüero; la defensora general, Carina Ganuza; el director general de Administrador, Diego Aguirre; el subdirector Cristian Beanatte; y los secretarios Matías Antonio Bentivegna, Carlos Alvarado y Juan Andrés Gavazza.
Por el Poder Ejecutivo concurrieron el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez; y los subsecretarios Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Bonino; y de Justicia y Registros Públicos, Pablo Boleas. Además estuvo presente el defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Pablo Meaca.
El principio general de la nueva norma es que “garantiza en forma integral la protección de los derechos de las/os adolescentes” y que ello debe “complementarse con el piso mínimo de derechos fijado por la legislación nacional e internacional de derechos humanos de la infancia vigente en la República Argentina, siendo los tratados y compromisos internacionales parte integrante (de ella) a los fines de su interpretación y aplicación”.
También expresa que “el procedimiento penal tiene por objeto asegurar el ejercicio pleno de los derechos y garantías del debido proceso a las/os adolescentes, a quienes de cualquier modo se vincule con la comisión de una infracción a la ley penal, y una asistencia integral en torno a su persona, teniendo especialmente en cuenta el principio educativo en todas las intervenciones”.
Una de las novedades principales de lo que se denomina justicia restaurativa es que en la solución del conflicto penal están involucradas todas las partes y especialmente la víctima, sea una persona física o una comunidad, quien podrá manifestarle al juez o jueza cómo quiere que se resuelva el problema y cómo ser resarcida. El enfoque de la resolución del problema está puesto en la compensación del daño a las víctimas.
A propósito de ello, el viernes pasado comenzó, en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, la diplomatura en Justicia Restaurativa y Mediación Penal Juvenil, que está destinado a futuros facilitadores (una especie de mediadores) en la resolución alternativa de conflictos.