Norma Durango, presidenta de la Banca de la Mujer, participó en el puntapié inicial en el Congreso Nacional para las reformas a la Ley 26.485, con presencia de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, junto a senadoras y diputadas del Frente de Todos, dio por iniciado un proceso que apunta a elaborar un proyecto de reforma de la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres.
Presidenta de la Banca de la Mujer en el Senado, la pampeana Norma Durango destacó la “lucha que emprendimos hace muchos años en defensa de los derechos de las mujeres”, a través de la cual “hemos conseguido muchísimos derechos, pero todavía nos falta y mucho”.
También ponderó que las modificaciones se hagan mediante “un proceso participativo y federal”, porque “cuántas veces la problemática que se vive en las provincias es distinta a la que se vive acá”. La senadora recordó que la ley “fue sancionada en 2009 tras un intenso debate parlamentario” y se convirtió en “un hito” pero “a 12 años de su sanción la ley amerita una reforma integral”.
La ministra detalló que la idea es que a través de foros y mesas de trabajo con especialistas en las provincias, se llegue dentro de un año a un texto consensuado que incorpore nuevas cuestiones que requiere la actualidad a esa norma, sancionada en 2009.
“En 10 años las compañeras que estén ocupando estos mismos espacios van a mirar para atrás para ver cuál fue nuestra responsabilidad y nuestro rol en este momento histórico”, sostuvo Gómez Alcorta en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja, donde se llevó a cabo el acto este jueves. La titular de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad llamó a “hacer todo lo que tengamos que hacer para transformar todo lo que tengamos que transformar. Y es mucho”.
Recordó que “en el 2009 había que adecuar nuestra legislación interna a la Convención de Bélem do Pará, que increíblemente todavía no tiene rango constitucional”; y la Ley 26.485 “puso a la vanguardia a Argentina” y es una norma “que nos ha podido sostener en muchas de las luchas que hemos dado”.
“Que tengamos que repensar una ley que hace 12 años se sancionó habla de la enorme transformación que sucedió en términos culturales, políticos e institucionales”, destacó, y resaltó que “la tenemos que cambiar porque hubo un 2015 con el Ni Una Menos, que puso en agenda” estos temas.
Tras valorar la “decisión política” del gobierno del Frente de Todos en esta temática, la ministra explicó: “No queremos una norma que sea nacida de los escritorios, no porque no pueda ser buena, sino porque seguramente nunca puede ser tan buena como tomar las voces plurales, diversas”.
Construcción legítima
Para Gómez Alcorta, la participación de distintos sectores hará que la nueva ley “se construya con muchísima legitimidad” y defendió que sea mediante un modo como “el que construimos las feministas, que es en redes, llegando a consensos”. Además, pidió “convocar a los varones y todas las fuerzas políticas” a la discusión.
En sus palabras de bienvenida, la diputada Paula Penacca expresó: “Sabemos que la deuda es muy profunda con nosotras y nosotres”. La secretaria parlamentaria del bloque Frente de Todos celebró que la reforma de la ley se dé “desde el debate, los consensos y la participación” y se comprometió a “trabajar para que los otros bloques sean parte de este proceso”. Abogó por alcanzar “buenos resultados que nos permitan tener más derechos y fortalecer a los movimientos feministas”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja, Mónica Macha, observó que “el feminismo y el transfeminismo tienen un lugar central a la hora de poner sobre el debate político cuestiones que durante tanto tiempo las hemos sufrido, pero estaban en un lugar de lo privado”.
“La Argentina tiene un recorrido de leyes que han sido muy participativas”, ponderó y señaló que “muchos de los temas que todavía no están en la (actual) ley no eran debates inexistentes, sino debates que todavía no tenían consensos y acuerdos políticos para que se pudieran trasladar a la ley”.
Dentro de los cambios que deben incorporarse, la diputada oficialista mencionó “la violencia en el contexto de otras identidades de género; la violencia digital; la violencia en las vejeces y personas con discapacidad; las violencias contra mujeres y personas trans de pueblos originarios”.
Partícipe del debate que se dio en 2009, la exsenadora María “Marita” Cristina Perceval recordó: “Nos decían, ¿para qué una ley? Si las cosas están muy bien. Tan bien que aún hoy, como hemos dicho desde los feminismos, parece que hay vidas que no merecen ser lloradas cuando son asesinadas, que hay vidas que no merecen ser asistidas, cuando son humilladas, que hay vidas que no merecen ser emancipadas, cuando son discriminadas”.
En su intervención, reveló que previo a sancionarse la 26.485 fue llamada por senadores presidentes de los bloques de ese momento, quienes le dijeron “se va a terminar ya tu mandato, así que te vamos a regalar como prebenda tratar la ley en el recinto”. “Me estimuló convencerme que se acababan los mandatos, pero lo que no terminaba era la insistente lucha de transformar el poder”, agregó.
También hablaron durante el encuentro, realizado en el Salón Delia Parodi, Josefina Kelly, secretaria de Políticas Contra la Violencia de Género; Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad; las senadoras Silvia Sapag y Eugenia Catalfamo; y las diputadas Gabriela Estévez, Alcira Figueroa, Mara Brawer, Patricia Mounier y María Rosa Martínez.