La justicia civil pampeana emitió un fallo ejemplar que ordena indemnizar a un hombre gravemente herido en un accidente de tránsito, aun cuando la causa penal no logró establecer culpables. El caso se resolvió aplicando el principio de “responsabilidad objetiva”, lo que obligó a la aseguradora a responder por los daños, sin necesidad de probar culpa.
La jueza Susana Ethel Fernández, de la Oficina de Gestión Común para Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, falló a favor de L.M., un trabajador estatal de 45 años, quien sufrió lesiones gravísimas al ser embestido por un vehículo cuando viajaba como acompañante en una motocicleta. El accidente ocurrió la noche del 28 de septiembre de 2019, en la calle Roque Sáenz Peña de Santa Rosa.
El siniestro, que involucró una moto Zanella 110 y un utilitario, terminó archivado penalmente por no poder determinar quién cruzó el semáforo en rojo. Sin embargo, el Estudio Aguerrido, a cargo de la representación legal de la víctima, logró que la jueza reconociera la figura de responsabilidad objetiva, lo que permitió avanzar en una demanda civil.
Un criterio que protege a las víctimas
Santiago Costabel, uno de los abogados del caso, explicó que esta figura jurídica —incorporada al Código Civil— busca proteger a quienes sufren daños en contextos de riesgo, como lo es la circulación vehicular. “No importa si hubo culpa; el titular de un objeto riesgoso, como un automóvil, debe responder por los daños que genera”, señaló.
La resolución judicial ordenó a Sancor Seguros —aseguradora del vehículo involucrado— a abonar una suma por incapacidad permanente, gastos médicos, lucro cesante y daño moral, incluyendo intereses desde 2019 y costas judiciales.
Secuelas y reconstrucción de vida
Producto del impacto, L.M. sufrió múltiples fracturas y un severo traumatismo craneal que derivó en pérdida de masa encefálica. Fue sometido a una cirugía en la que se le colocó una placa de titanio de 20 centímetros. Tras una prolongada recuperación, volvió al trabajo, pero no pudo retomar su rol como chofer por secuelas neurológicas y visuales. Hoy, convive con mareos, jaquecas y trastornos cognitivos derivados del trauma.
En diálogo con los medios, L.M. agradeció al equipo legal que llevó adelante la causa. “Recorrí varios estudios y fue difícil encontrar abogados, porque no había un responsable penal. Aguerrido y Costabel no solo me representaron, me devolvieron la esperanza para reconstruir mi vida”, expresó.
Mal encuadre laboral y reclamo al Estado
La causa judicial también expuso una situación irregular en su vínculo laboral con el Ministerio de Educación. A pesar de cumplir funciones como chofer, figuraba administrativamente como personal de oficina. Esto generó un perjuicio económico: al no estar correctamente registrado, se le descontaron más de 8 millones de pesos del cálculo indemnizatorio por viáticos y horas extras no reconocidos.
L.M. ya inició un reclamo formal ante el Ministerio para que se revise su encuadramiento y se le restituyan esos derechos perdidos. “En su momento me dijeron que me ponían como administrativo por tener secundario completo. Yo pensé que era una gauchada… pero después del accidente me di cuenta de que estaba mal registrado y eso trajo consecuencias graves”, reflexionó.
Este caso pone de relieve la importancia de contar con un sistema judicial que priorice los derechos de las víctimas y un Estado que garantice condiciones laborales transparentes y acordes a las funciones reales.