El Gobierno provincial y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer los mecanismos de control y transparencia sobre asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y fundaciones que administran recursos provenientes del Estado.

El acuerdo fue suscripto por el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, y la fiscal adjunta de la FIA, Gabriela Tabernero, quien además es autoridad de aplicación de la Ley Provincial de Acceso a la Información Pública. También participaron del acto el subsecretario de Gobierno y Registros Públicos, Pablo Boleas, y el secretario privado de la Fiscalía, Héctor Manuel Tedín.

A partir de este convenio, la Fiscalía trabajará de manera coordinada con la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio para agilizar el intercambio de información y verificar la situación registral de las entidades que reciben fondos públicos.

El objetivo es facilitar las tareas de fiscalización, control y acceso a la información pública, especialmente respecto de las personas jurídicas privadas alcanzadas por la Ley Provincial 3571 que hayan presentado documentación de manera voluntaria ante la FIA.

Mediante este mecanismo, el organismo podrá cotejar la información aportada por las entidades con los antecedentes obrantes en los registros oficiales, con el fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones legales y detectar posibles inconsistencias.

El convenio también contempla una instancia de acompañamiento para las asociaciones civiles sin fines de lucro. En ese marco, se brindará asesoramiento sobre las obligaciones establecidas por la normativa de acceso a la información pública y asistencia para regularizar la documentación requerida.

Además, la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas aportará información vinculada con las presentaciones anuales obligatorias y el cumplimiento de los requisitos previstos por la legislación vigente.

Desde el Ministerio de Gobierno señalaron que la iniciativa apunta a fortalecer la transparencia en la administración de los recursos públicos, mejorar el acceso a la información y promover un mayor cumplimiento de las obligaciones legales por parte de las organizaciones que reciben financiamiento estatal.