Rodríguez, que era jueza de control sustituta, ocupará en esa condición el cargo que dejó vacante Martín Saravia, al ser designado como defensor general; mientras que Álvarez cumplía funciones en la Oficina de Orientación Jurídica del Ministerio Público de la Defensa.
Nuestra lucha contra este impuesto ha sido prolongada, y en numerosas ocasiones hemos expresado el daño que causa a toda la economía regional y al sector rural en general. Ante la introducción de nuevas medidas por parte del gobierno nacional, el Ministerio de la Producción provincial ha emitido diversas
declaraciones en medios locales y nacionales, buscando explicar el perjuicio que la implementación y el aumento de las retenciones causan en las diferentes actividades productivas.
Manifestaciones como las siguientes, difundidas en medios provinciales y nacionales, están en total sintonía con nuestro histórico reclamo:
“Según el análisis, de aprobarse la ley ómnibus con estas iniciativas incluidas, La Pampa podría perder 13.089.581 dólares adicionales por año solo en concepto de derechos de exportación, considerando únicamente el impacto directo sobre las empresas que exportan desde nuestra provincia. Sin embargo,
si se agregara el impacto sobre los menores precios percibidos por los productores de cereales y oleaginosas (trigo, maíz, soja y girasol, entre otros), se añadirían otros 15 millones de dólares de forma indirecta, totalizando más de 28 millones de dólares”
“La Agencia ICOMEX ha alertado en las últimas semanas sobre los efectos económicos que podría provocar el aumento de los derechos de exportación incluidos en la ley ómnibus (o su implementación por las facultades extraordinarias delegadas), que aumentaría más del 66% las retenciones para
casi todas las exportaciones pampeanas, elevándolas, en promedio, del 8 o 9% actual al 15%”
Estos recientes planteos del gobierno provincial están plenamente alineados con nuestro largo historial de reclamos, que abarca más de dos décadas y trasciende las diferencias políticas. Nuestra responsabilidad institucional nos exige proceder con prudencia, asegurándonos de que este cambio de postura por parte del gobierno provincial no sea simplemente una respuesta a la coyuntura política actual, sino el resultado de una convicción arraigada sobre el rumbo económico que debe seguirse para potenciar el desarrollo productivo, tanto en el sector agropecuario como en el industrial, en beneficio de nuestra nación y la región.
Sin embargo, este cambio de perspectiva nos llena de entusiasmo y nos impulsa a continuar trabajando para alcanzar consensos. Nos enfocamos en el crecimiento del sector rural, que consideramos esencial no solo como una forma de vida, sino como uno de los pilares fundamentales para el progreso definitivo
de nuestra provincia y de la nación.
“Exhortamos a todos los funcionarios tanto nacionales como provinciales a superar las divergencias y dedicar sus recursos y esfuerzos a la búsqueda de soluciones para reducir los excesivos gastos superfluos en los presupuestos correspondientes, evitando así la imposición o incremento de retenciones u
otros impuestos. Esta carga impositiva adicional es dañina y debe ser erradicada de manera definitiva”, cerraron en el comunicado.