Rotura del Acueducto: piden intervención de Defensa del Consumidor y la APA

La diputada provincial Gisela Cuadrado (UCR) presentó este martes dos notas formales dirigidas a organismos clave del Gobierno pampeano, reclamando acciones inmediatas y concretas ante la interrupción del servicio de agua potable que afectó a amplios sectores de Santa Rosa entre el 8 y el 12 de mayo. El primer pedido fue remitido a la Dirección General de […]

La diputada provincial Gisela Cuadrado (UCR) presentó este martes dos notas formales dirigidas a organismos clave del Gobierno pampeano, reclamando acciones inmediatas y concretas ante la interrupción del servicio de agua potable que afectó a amplios sectores de Santa Rosa entre el 8 y el 12 de mayo.

El primer pedido fue remitido a la Dirección General de Defensa del Consumidor de La Pampa, solicitando que se inicien actuaciones administrativas de oficio para determinar responsabilidades, aplicar sanciones y establecer medidas de reparación integral. El planteo se basa en la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor y su decreto reglamentario, que facultan al organismo a intervenir cuando están comprometidos derechos colectivos de usuarios.

“Cinco días sin agua no son una simple falla técnica. Es una vulneración grave del derecho humano al agua y a la salud pública”, expresó Cuadrado.

Asimismo, indicó que Defensa del Consumidor cuenta con herramientas legales para “actuar de oficio, identificar responsabilidades por la deficiente prestación del servicio y aplicar sanciones, indemnizaciones y medidas de reparación”.

En paralelo, solicitó a la Administración Provincial del Agua (APA) que intervenga formalmente y evalúe el accionar de Aguas del Colorado SAPEM y, en caso de corresponder, también de la Municipalidad de Santa Rosa, ante la prolongada interrupción del servicio. Requirió además que se dispongan planes de contingencia y reparación, y que se apliquen sanciones si se comprueban irregularidades.

Las notas presentadas incluyen una cronología detallada de fallas, demoras e inconsistencias que, durante casi una semana, dejaron sin agua a miles de familias santarroseñas.

“Frente a una situación de esta magnitud, el Estado no puede quedarse al margen. Es su deber legal y ético actuar, determinar responsabilidades, aplicar sanciones si corresponde, establecer medidas de reparación y garantizar un plan de contingencia serio. Estamos ante una vulneración directa de derechos humanos básicos”, finalizó Cuadrado.