Los bloques de concejales del PRO, la UCR y Comunidad Organizada de Santa Rosa criticaron la decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en referencia a la Revisión Técnica Obligatoria y señalaron que “el STJ no se pronunció sobre el planteo de fondo, referido a las irregularidades en la implementación de la RTO, ni convalidó el accionar del Ejecutivo municipal”.
“El STJ no se pronunció sobre el planteo de fondo, referido a las irregularidades en la implementación de la RTO, ni convalidó el accionar del Ejecutivo municipal. Lo que hizo fue desentenderse del tema, argumentando que los concejales no tenemos legitimación activa para accionar en defensa de los vecinos, y que sólo podemos velar por los intereses de la comunidad en el marco del Concejo Deliberante”, advirtieron en un comunicado.
“La falta de legitimación fue declarada de oficio, es decir, sin que el Municipio la hubiera planteado como defensa”.
“En otras palabras, el STJ eludió el tema central y no se expidió sobre la inconstitucionalidad de la ordenanza 6977/2023 -que tornó exigible la RTO invadiendo competencias provinciales- ni sobre la resolución 30/2024, con la que se llamó a licitación sin la ordenanza previa que exige la ley. Simplemente decidió no tratar la cuestión”.
“Según el fallo, los concejales no podríamos actuar judicialmente para proteger a los vecinos por no tener un “interés personal y directo” en el caso, ni para preservar la división de poderes. Así, el STJ concluye que no existe un conflicto de derechos real y concreto que deba resolver”.
“Por lo tanto, el rechazo de la demanda no significa que la RTO municipal sea válida, ni que tenga alcance nacional, ni contradice los fundamentos jurídicos planteados por los concejales de la UCR y el PRO“.
“En definitiva, el STJ se lavó las manos y eligió no involucrarse en la discusión. Y aunque evitó darle la razón al intendente di Nápoli, le brindó protección para avanzar con una RTO ilegal y puramente recaudatoria”
RESOLUCION DEL STJ
Este miércoles, el STJ rechazó la demanda presentada por los concejales Diego Camargo, Luján Mazzuco, Romina Paci, Fernanda Oddi y Marcelo Guerrero por “falta de legitimación activa”, es decir, que quien presenta la demanda en juicio no es aquélla a quien la ley habilita para obtener un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión planteada.
En la resolución se estipulan los honorarios de los abogados intervinientes y desde el municipio santarroseño adelantaron que se iniciará la ejecución de honorarios y serán donados a la cooperadora del Lucio Molas para los tratamientos de victimas de siniestros viales.