Cinco de los seis concejales de Santa Isabel, entre ellos miembros del oficialismo y de la oposición, presentaron este miércoles cuatro pedidos de informes dirigidos al intendente Guillermo Farana. Las solicitudes, que ya fueron entregadas formalmente en el municipio, apuntan a esclarecer el destino de fondos provinciales, el uso de vehículos municipales y la nómina actual de funcionarios activos.
Las concejalas del Frejupa Mariela Alejandra Frías y María Elizabeth Cabrera, junto al edil Brian Adrián Blanco, se sumaron a la iniciativa impulsada por las representantes de Juntos por el Cambio, Cristina Elena Vázquez y Margarita Inés Hernández. Esta acción conjunta generó un fuerte mensaje institucional y político desde el Concejo Deliberante.
Uno de los reclamos más contundentes gira en torno a los casi 80 millones de pesos asignados a través del decreto provincial 294/25, en el marco del Programa de Préstamos para el Mejoramiento del Parque Automotor. Los ediles exigen saber en qué se utilizó exactamente esa suma millonaria, ya que aseguran no haber recibido ninguna rendición detallada por parte del Ejecutivo local.
Además, los pedidos de informe incluyen el requerimiento de explicaciones sobre el destino de dos vehículos municipales: un utilitario Peugeot 5008 (patente LXM 624) y una camioneta Chevrolet Trailblazer 4×4. Según denunciaron, ambos habrían salido del patrimonio municipal sin información oficial que respalde una venta o baja, lo que motivó preguntas puntuales sobre si fueron vendidos, a qué precio y a quién.
Por último, se solicitó el listado completo de funcionarios que integran actualmente la planta política del municipio. Los concejales remarcaron que la transparencia en la información pública es una obligación legal y ética.
Desde el bloque opositor, a través de redes sociales, criticaron con dureza al intendente Farana: “¿Dónde está la transparencia, señor intendente? El pueblo merece respuestas claras y concretas sobre qué pasó con los vehículos municipales”, expresaron.
La iniciativa fue presentada como un reclamo institucional legítimo, fundamentado en las herramientas constitucionales que tiene el Concejo para ejercer control y garantizar la transparencia en la gestión. “No hay gestión eficiente sin rendición de cuentas”, concluyeron.